En ese contexto las declaraciones de Federico Sturzenegger contra la industria pesquera volvieron a a poner al sector marítimo en alerta Durante una entrevista en el programa Agenda Real, de LA CAPITAL y Canal 8 de Mar del Plata, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó duramente a los empresarios pesqueros, a quienes calificó como integrantes de una “casta naviera pesquera”, y sostuvo que la actividad mantiene una deuda con el conjunto de la sociedad argentina. Aunque el funcionario centró buena parte de sus críticas en el sistema de adjudicación de permisos de pesca, sus expresiones no pueden analizarse de manera aislada. Llegan en un momento de fuerte tensión entre el Gobierno de Javier Milei y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la Marina Mercante, el transporte fluvial y la actividad pesquera. “Los peces del mar son de todos los argentinos”, afirmó Sturzenegger, al comparar los recursos pesqueros con el petróleo y cuestionar que históricamente la explotación de esos recursos haya quedado concentrada en empresas que, según su interpretación, no han compensado adecuadamente a la sociedad. El ministro también defendió la propuesta que el Gobierno intentó introducir durante el debate de la Ley Bases para que, una vez vencidos los permisos existentes, las nuevas adjudicaciones pudieran realizarse mediante mecanismos competitivos. Cabe señalar que detrás de ese planteo aparece una discusión mucho más amplia: quién administra los recursos naturales, quién se beneficia de su explotación y qué lugar ocupan los trabajadores argentinos en el modelo económico que pretende establecer la administración libertaria. La pesca no es solamente un negocio empresarial Desde el movimiento sindical marítimo sostienen que cualquier discusión sobre el futuro de la actividad debe contemplar toda la cadena productiva. La pesca no se limita a la titularidad de los barcos ni a los permisos de explotación. Detrás de cada embarcación existen tripulaciones, puestos de trabajo en tierra, plantas procesadoras, talleres, proveedores, actividad portuaria y economías regionales. La Ley Federal de Pesca 24.922 establece entre sus objetivos la protección de los intereses nacionales, la sustentabilidad de los recursos, el desarrollo industrial y la generación de empleo argentino. También contempla criterios para el otorgamiento de permisos que priorizan, entre otros aspectos, la utilización de mano de obra nacional y los buques construidos en el país. Por eso, la discusión sobre una eventual modificación del régimen pesquero no puede reducirse a una confrontación entre el Gobierno y determinados empresarios. También están en juego las condiciones laborales de quienes trabajan embarcados y de miles de familias que dependen de la actividad. Si el objetivo es terminar con eventuales privilegios o mejorar la transparencia en la adjudicación de permisos, el camino debería contemplar garantías para los trabajadores y para el desarrollo de la industria nacional. El cabotaje, el otro frente de conflicto con los gremios Pero las declaraciones de Sturzenegger tuvieron otro componente que merece especial atención: su defensa de una reforma del cabotaje nacional. El ministro aseguró que Argentina prácticamente no tiene marina de cabotaje y consideró que la apertura de la navegación permitiría reducir costos logísticos y mejorar la conexión entre los puertos del país. La afirmación vuelve a colocar en el centro de la escena una iniciativa que ya provocó un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y las organizaciones sindicales marítimas y fluviales. El antecedente inmediato fue el Decreto 340/2025, que impulsaba modificaciones profundas en el régimen de la Marina Mercante. La norma fue rechazada por ambas cámaras del Congreso y posteriormente, mediante el Decreto 628/2025, se restituyeron las disposiciones anteriores. Ahora el conflicto se trasladó al terreno legislativo. El proyecto que impulsa el Gobierno para ampliar la participación de embarcaciones extranjeras en el transporte de cargas entre puertos argentinos generó un nuevo rechazo de los sindicatos. El SOMU y la FESIMAF endurecieron su posición El pasado 3 de noviembre, la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) declaró el estado de alerta permanente y movilización frente al avance de la iniciativa oficial de apertura del cabotaje nacional a buques extranjeros. El pronunciamiento tuvo una particular relevancia porque contó con la participación y las firmas de las principales organizaciones del sector, entre ellas el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, el Centro de Capitanes de Ultramar, SICONARA, el Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales y otras entidades representativas de los trabajadores embarcados. La declaración sindical advirtió que la propuesta oficial amenaza el empleo argentino, las empresas nacionales, la industria naval y la soberanía logística. Las organizaciones también cuestionaron que el Gobierno presente la apertura del cabotaje como una solución para reducir los costos de transporte sin abordar previamente las asimetrías tributarias, económicas y operativas que afectan a los armadores argentinos. La conducción del SOMU, encabezada por Raúl Omar Durdos, participa de este escenario de articulación sindical a través de la federación marítima y fluvial. Los gremios remarcaron que no se oponen a la modernización ni a mejorar la competitividad de la actividad, pero sostienen que no puede utilizarse ese argumento para reemplazar progresivamente la bandera argentina por embarcaciones extranjeras. Qué está en juego para los trabajadores marítimos Las consecuencias de una reforma de estas características podrían alcanzar a distintos sectores de la actividad. Para los afiliados al SOMU, la discusión involucra directamente la continuidad de los puestos de trabajo a bordo, las condiciones de contratación y el sostenimiento de las tripulaciones argentinas. Para los oficiales, capitanes, patrones, maquinistas, conductores navales y electricistas, también está en juego el futuro de las fuentes laborales, la formación profesional y la posibilidad de desarrollar una carrera dentro de una Marina Mercante nacional. La eventual incorporación de buques extranjeros al cabotaje podría modificar las condiciones de competencia entre las empresas y generar nuevas presiones sobre los costos laborales y los convenios colectivos. Los sindicatos advierten, además, que una mayor dependencia de operadores extranjeros podría debilitar la capacidad argentina para transportar su propia producción y dejar decisiones estratégicas en manos de intereses que no necesariamente responden a las necesidades del país. No se trata solamente de una discusión salarial. Se trata del futuro de una actividad que involucra a trabajadores embarcados, puertos, astilleros, talleres y economías regionales. Una política marítima que vuelve a estar en discusión Las palabras de Sturzenegger sobre la pesca y el cabotaje muestran que el Gobierno mantiene en su agenda una revisión profunda de las reglas que organizan la actividad marítima argentina. El problema es que, mientras el ministro habla de competencia, reducción de costos y eliminación de privilegios, los gremios reclaman respuestas sobre el futuro del empleo, la bandera nacional y las condiciones en las que deberán trabajar las próximas generaciones de marinos argentinos. La transparencia en el sistema pesquero y la eficiencia del transporte son cuestiones que pueden y deben discutirse. Pero ninguna reforma debería avanzar sin considerar a los trabajadores ni sin escuchar a las organizaciones que representan a quienes sostienen diariamente la actividad. La Argentina tiene una extensa costa marítima, una importante red de vías navegables y recursos pesqueros de enorme valor económico. Sin embargo, el debate vuelve a girar alrededor de una pregunta fundamental: ¿qué país marítimo pretende construir el Gobierno de Javier Milei? Para el movimiento sindical, la respuesta no puede ser una actividad cada vez más dependiente de empresas y embarcaciones extranjeras, con menos trabajo argentino y menor capacidad de decisión nacional. La discusión recién comienza y el estado de alerta declarado por la FESIMAF demuestra que los gremios no están dispuestos a quedar al margen de las decisiones que comprometen el futuro de la Marina Mercante. Sin trabajadores argentinos, sin industria nacional y sin una Marina Mercante propia, la soberanía marítima corre el riesgo de convertirse solamente en una declaración de principios.