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18 de noviembre de 2026

La FESIMAF llevó su reclamo al despacho de Bullrich y exige frenar la desregulación del cabotaje: “Sin Marina Mercante no hay soberanía”

Los gremios marítimos y fluviales fueron convocados por legisladoras nacionales que impulsan la reforma y ratificaron su rechazo al dictamen de mayoría. Advirtieron sobre el impacto que podría tener la apertura a buques extranjeros en el empleo argentino, la flota nacional, la industria naval y la formación profesional. Mientras el Senado se prepara para debatir la iniciativa, los sindicatos reclaman modificaciones concretas y mantienen abierta la posibilidad de profundizar las medidas gremiales.

En ese contexto la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) llevó su reclamo directamente al ámbito parlamentario. Luego de expresar públicamente su rechazo al proyecto de desregulación del cabotaje nacional que cuenta con dictamen de mayoría en el Senado, los gremios que integran la organización fueron convocados al despacho de la senadora Patricia Bullrich para mantener una reunión con legisladoras nacionales impulsoras de la iniciativa. Cabe señalar que este encuentro representa un nuevo capítulo en el conflicto que enfrenta a las organizaciones sindicales marítimas y fluviales con la política de apertura que impulsa el Gobierno de Javier Milei para el transporte de cargas entre puertos argentinos. Asimismo durante la reunión, los representantes sindicales ratificaron su oposición al proyecto y expusieron las consecuencias que, según advierten, podría generar una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el cabotaje nacional. El planteo no se limita a una discusión sobre costos de transporte: pone en juego la continuidad de los puestos de trabajo argentinos, la actividad de los armadores nacionales, la industria naval y todo el sistema de formación de trabajadores embarcados. Además desde la Federación valoraron que su pronunciamiento haya generado una convocatoria institucional, aunque dejaron en claro que el diálogo debe traducirse en cambios concretos dentro del texto legislativo. Para los sindicatos, no alcanza con escuchar los reclamos si después se avanza con una reforma que no contemple las condiciones necesarias para sostener la actividad nacional. Una reforma que enciende las alarmas en el sector marítimo La iniciativa, identificada como expediente S-1844/26, propone crear un nuevo Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria de Buques. El proyecto fue impulsado por la senadora Carolina Moisés y cuenta con acompañamiento de legisladores de distintos bloques, entre ellos Patricia Bullrich. El dictamen de mayoría habilita una participación más amplia de embarcaciones extranjeras en el transporte entre puertos argentinos. Uno de los aspectos más cuestionados por los gremios es que las tripulaciones de esos buques puedan quedar alcanzadas por la legislación laboral del país de su bandera, generando una competencia entre trabajadores sometidos a diferentes regímenes laborales, tributarios y operativos. La preocupación sindical tiene fundamentos concretos. Un buque extranjero que opera bajo costos laborales y tributarios diferentes puede competir en condiciones distintas frente a una empresa argentina que debe afrontar las obligaciones establecidas por la legislación nacional y los convenios colectivos del sector. En ese escenario, las organizaciones advierten que la apertura podría debilitar a los armadores nacionales, reducir la demanda de trabajadores argentinos y acelerar la pérdida de embarcaciones de bandera nacional. La discusión también alcanza a los astilleros, talleres navales, proveedores y establecimientos vinculados con el mantenimiento y la reparación de embarcaciones. Se trata de una cadena productiva que genera empleo especializado y que depende, en buena medida, de la existencia de una flota nacional activa. Dos dictámenes y una discusión que todavía no está cerrada El debate parlamentario tiene dos posiciones. El dictamen de mayoría impulsa una apertura más amplia a la participación de buques extranjeros, mientras que el dictamen de minoría, presentado por los senadores Jorge Capitanich y José Neder, propone un esquema de mayor protección para la actividad nacional. La propuesta alternativa contempla la creación de un Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN), establece prioridad para las embarcaciones argentinas y plantea que el ingreso de buques extranjeros sea excepcional, bajo determinadas condiciones y autorizaciones. También propone que las unidades incorporadas al registro cuenten con tripulación argentina y que sus relaciones laborales estén sujetas a la legislación y jurisdicción nacionales. Las diferencias entre ambos textos muestran que el Congreso todavía tiene por delante una discusión de fondo sobre el modelo de Marina Mercante que pretende establecer para el país. Sin embargo, desde el sector sindical existe preocupación por la posibilidad de que se incorporen modificaciones parciales durante el tratamiento parlamentario sin resolver las asimetrías estructurales que afectan a la flota argentina. El reclamo de los trabajadores: competir sin quedar en desventaja Uno de los puntos centrales que la FESIMAF volvió a plantear ante las legisladoras fue la necesidad de corregir las diferencias tributarias, laborales y operativas que existen entre los buques nacionales y extranjeros. Los sindicatos no desconocen las dificultades que atraviesa la actividad ni la necesidad de reducir costos y trabas burocráticas. Por el contrario, sostienen que es necesario construir herramientas que permitan recuperar la competitividad de los armadores argentinos, mejorar las condiciones de operación y garantizar la subsistencia de la flota. Pero advierten que abrir el mercado sin resolver previamente esas diferencias puede terminar trasladando el costo de la reforma a los trabajadores argentinos. La discusión, por lo tanto, no debería limitarse a cuánto cuesta transportar una carga por vía fluvial o marítima. También debe contemplar quién presta el servicio, bajo qué legislación trabaja su tripulación, dónde se generan los puestos laborales y qué ocurre con las empresas nacionales que sostienen la actividad. El SOMU y los gremios marítimos frente a una discusión estratégica Para el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), conducido por Raúl Omar Durdos, al igual que para las demás organizaciones que integran el espacio sindical marítimo y fluvial, el futuro de la Marina Mercante constituye una cuestión central para la defensa del trabajo argentino. La actividad marítima no solamente representa una fuente de empleo. También forma parte de la infraestructura estratégica que necesita un país con una extensa red de ríos, puertos y vías navegables, además de una importante actividad exportadora. La reducción de la flota nacional puede tener consecuencias que van mucho más allá de los puestos embarcados. Menos buques argentinos significan también menos demanda para los astilleros, menos reparaciones, menor actividad para los proveedores y menos oportunidades para los jóvenes que se forman en las escuelas profesionales del sector. Por eso, uno de los aspectos que la FESIMAF puso sobre la mesa durante la reunión fue precisamente la necesidad de proteger las instituciones de formación. La continuidad de la actividad depende también de que exista una demanda laboral capaz de absorber a los futuros profesionales. La reunión abre una instancia de diálogo, pero los gremios esperan respuestas La convocatoria al despacho de Patricia Bullrich demuestra que el reclamo sindical consiguió ingresar en una instancia directa de discusión política. Sin embargo, la reunión no implica que el oficialismo haya aceptado modificar el proyecto ni que exista un acuerdo definitivo con las organizaciones marítimas. La Federación fue clara al establecer que el diálogo debe reflejarse en modificaciones concretas que contemplen las propuestas de trabajadores y armadores nacionales. La advertencia cobra mayor relevancia frente a la posibilidad de que la iniciativa sea tratada en el Senado durante la sesión prevista para este jueves 19 de noviembre. La discusión legislativa se desarrolla en un escenario de negociaciones entre los distintos sectores políticos y de fuertes cuestionamientos de las organizaciones vinculadas con la actividad. En paralelo, otros gremios marítimos también expresaron su rechazo y anticiparon que podrían adoptar medidas de fuerza si el proyecto avanza sin incorporar los cambios reclamados. La FESIMAF, por su parte, ya había advertido que está dispuesta a impulsar todas las acciones necesarias para defender los puestos de trabajo y evitar el debilitamiento de la Marina Mercante Nacional. Una discusión que excede al sector marítimo El debate sobre el cabotaje pone frente a frente dos concepciones diferentes sobre el desarrollo del transporte nacional. Desde el Gobierno y los impulsores de la reforma se sostiene que la apertura permitirá ampliar la oferta de embarcaciones, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales. Los gremios, en cambio, advierten que esos objetivos no pueden alcanzarse a costa de desplazar trabajadores argentinos ni de debilitar a las empresas y embarcaciones nacionales. La pregunta que atraviesa toda la discusión es si la reducción de costos puede convertirse en una verdadera política de desarrollo cuando no existen garantías suficientes para preservar el empleo, la formación profesional y la capacidad operativa propia. La FESIMAF consiguió ser escuchada por legisladoras que impulsan la reforma. Ahora espera que esa instancia se traduzca en cambios dentro del proyecto. De lo contrario, el conflicto podría trasladarse nuevamente a las calles, los puertos y los lugares de trabajo. La Marina Mercante no es solamente una actividad económica. Es trabajo argentino, industria, formación profesional y capacidad estratégica para transportar la producción del país. En un escenario donde el Gobierno promueve la desregulación de distintas actividades, los trabajadores marítimos y fluviales vuelven a poner sobre la mesa una advertencia: abrir el cabotaje sin proteger las condiciones de la flota nacional puede comprometer mucho más que un negocio. Puede poner en discusión el futuro de una actividad que el país necesita para sostener su autonomía productiva y logística.

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