En ese contexto el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en representación de la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), participó del segundo Consejo Portuario Bonaerense, un ámbito de encuentro entre autoridades provinciales, representantes de los consorcios portuarios, cámaras empresarias, sectores productivos y organizaciones sindicales para debatir el presente y el futuro de la actividad portuaria en la provincia de Buenos Aires. Asimismo durante la reunión, Alejandro Vargas, secretario de Relaciones Laborales del SOMU, expresó su preocupación por las iniciativas impulsadas desde el Gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales para avanzar en la desregulación del cabotaje nacional Además advirtió que este tipo de medidas puede tener consecuencias sobre la flota de bandera argentina, el empleo marítimo y las condiciones en las que se desarrolla una actividad estratégica para la economía nacional. Uno de los puntos centrales de su intervención fue la necesidad de diferenciar el costo de la tripulación del costo integral del servicio de transporte. Vargas cuestionó que el debate sobre la competitividad se concentre principalmente en los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores embarcados, sin contemplar el conjunto de factores que inciden en el funcionamiento de la actividad. En ese sentido, señaló que, frente a determinadas demandas de transporte, operar con buques de bandera paraguaya puede resultar más costoso que hacerlo con embarcaciones argentinas. El planteo apunta a poner en discusión la idea de que una reducción de los costos laborales se traduce automáticamente en una disminución del precio final del servicio. La logística también encarece el transporte Vargas también puso sobre la mesa las dificultades operativas que afectan al sistema portuario: puertos con problemas de eficiencia, limitaciones para realizar dragados en determinadas zonas, demoras y esperas para acceder a los giros de ingreso a puerto, entre otros inconvenientes que repercuten sobre los tiempos de navegación y los costos de operación. Desde esta perspectiva, la discusión sobre la competitividad del transporte marítimo y fluvial no puede reducirse exclusivamente a las condiciones de contratación de las tripulaciones. Las demoras, las restricciones de infraestructura y las dificultades de acceso a las terminales también generan costos que deben ser considerados al momento de diseñar una política para el sector. El representante del SOMU advirtió que esos problemas logísticos continuarán existiendo aun cuando se avance con medidas de desregulación. Por eso, sostuvo que modificar las condiciones del cabotaje sin resolver las dificultades estructurales de la actividad no garantiza un servicio más eficiente ni más económico. La defensa de la bandera argentina en el centro del debate Otro de los ejes de preocupación expresados por Vargas fue el riesgo de que la desregulación termine favoreciendo una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el transporte de cargas dentro del país, en detrimento de la flota nacional. La discusión excede, de este modo, una cuestión estrictamente normativa. Para el sector sindical, está en juego el futuro de la marina mercante argentina, la continuidad de los puestos de trabajo de los marinos y la capacidad del país para sostener una actividad estratégica bajo su propia bandera. El cabotaje constituye una pieza relevante de la integración territorial y del transporte de mercancías. Por eso, cualquier modificación de sus reglas requiere evaluar no solo el eventual impacto sobre los costos, sino también sus consecuencias sobre el empleo, la actividad productiva, la infraestructura y el desarrollo de la flota nacional. La participación del SOMU en el Consejo Portuario Bonaerense permitió llevar estas preocupaciones a una mesa en la que confluyen distintos actores de la actividad. El desafío, desde la perspectiva sindical, consiste en construir una estrategia portuaria que mejore la eficiencia y la competitividad sin convertir a los trabajadores argentinos ni a la flota nacional en las variables de ajuste. El planteo de Vargas dejó así una cuestión central para el debate: antes de presentar la flexibilización del cabotaje como una solución a los costos del transporte, es necesario analizar cuánto inciden las deficiencias logísticas, qué inversiones requiere el sistema portuario y cuáles serían las consecuencias de una mayor apertura a operadores extranjeros sobre el trabajo marítimo argentino.