El conflicto entre el Sindicato de Camioneros y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volvió a subir de temperatura. La organización sindical puso en marcha un plan de lucha y prepara una movilización multitudinaria hacia la Legislatura porteña, en rechazo al esquema previsto para la nueva concesión del servicio de higiene urbana. La jornada clave será el próximo lunes 5 de octubre, cuando se realice la audiencia pública convocada por la Ciudad para analizar los nuevos pliegos que definirán la prestación del servicio durante el período 2028-2038. En ese marco, Camioneros anunció una movilización de más de 20 mil trabajadores, en una demostración de fuerza que tendrá como principal objetivo reclamar que se preserve el mecanismo vinculado con las indemnizaciones de los trabajadores de la recolección y el barrido frente al cambio de empresas concesionarias. La decisión fue comunicada durante una multitudinaria asamblea de la Rama Recolección y Barrido, encabezada por dirigentes del sindicato, entre ellos Pablo Moyano y Marcelo Aparicio. Una pelea que pone millones de dólares sobre la mesa El conflicto no es solamente sindical. Detrás de la discusión por el nuevo esquema de concesiones aparece una disputa económica de enorme magnitud. Las estimaciones difundidas públicamente ubican el costo potencial de las denominadas indemnizaciones finales en una cifra que podría oscilar entre 100 y 200 millones de dólares, aunque el monto depende del mecanismo de cálculo y de las condiciones que finalmente queden establecidas. Desde sectores vinculados al oficialismo porteño se cuestiona que la Ciudad deba afrontar ese desembolso cuando los trabajadores continuarían desempeñándose en el servicio bajo las nuevas empresas adjudicatarias. El legislador porteño Facundo Del Gaiso impulsa precisamente modificaciones destinadas a impedir ese tipo de resarcimientos cuando no exista una pérdida efectiva del puesto de trabajo. Camioneros plantea otra lectura del problema. Para el sindicato, el cambio de concesionaria no puede utilizarse para desconocer la antigüedad y los derechos acumulados por los trabajadores durante años de prestación del servicio. El punto de choque con el nuevo pliego La discusión aparece vinculada directamente con los nuevos pliegos de higiene urbana. El contrato actualmente vigente contempla un mecanismo mediante el cual, al finalizar una concesión, se calculan determinadas indemnizaciones y la Ciudad afronta los montos correspondientes para que sean abonados a los trabajadores. El nuevo esquema impulsado por el Gobierno porteño no reproduce ese mecanismo en los mismos términos. Ese punto es precisamente uno de los principales motivos por los cuales Camioneros decidió endurecer su posición. Para el sindicato, no se trata simplemente de una discusión administrativa sobre una licitación. Lo que está en juego es qué sucede con la antigüedad laboral cuando una empresa deja de prestar el servicio y otra ocupa su lugar. La advertencia sobre la recolección La disputa adquiere una dimensión todavía mayor porque involucra uno de los servicios esenciales para el funcionamiento cotidiano de la Ciudad. Camioneros ya dejó trascender que, si no existe una respuesta satisfactoria a sus reclamos, podría avanzar con medidas que afecten la prestación del servicio de recolección de residuos. La amenaza de una eventual interrupción del servicio coloca al Gobierno de Jorge Macri frente a un escenario de fuerte tensión con el sindicato. La conducción gremial busca utilizar la movilización del 5 de octubre para llevar el conflicto al centro de la discusión política porteña, justamente cuando la Legislatura debate las condiciones de una concesión que tendrá vigencia durante una década. Una movilización que busca marcar territorio La convocatoria de más de 20 mil trabajadores representa también una demostración de fuerza de Camioneros. La estrategia sindical apunta a dejar en claro que la discusión sobre el futuro del servicio de higiene urbana no puede limitarse al precio de la licitación, las condiciones empresariales o la organización operativa. Para el gremio, detrás de cada cambio de concesionaria existen trabajadores con años de antigüedad y derechos que deben ser contemplados. El Gobierno porteño, en cambio, sostiene una posición diferente respecto del reconocimiento económico de esas indemnizaciones cuando existe continuidad laboral. La audiencia pública del lunes será, por lo tanto, mucho más que una instancia formal del proceso licitatorio. Será el escenario donde confluirán la discusión económica, el futuro de las concesiones y el reclamo de los trabajadores de la recolección. Mientras la Ciudad avanza con el nuevo esquema para 2028-2038, Camioneros prepara una movilización masiva y advierte que no está dispuesto a aceptar modificaciones que, según entiende, puedan afectar derechos adquiridos. El conflicto ya está instalado y la jornada del 5 de octubre aparece como el primer gran capítulo de una pelea que puede extenderse durante todo el proceso de definición de las nuevas concesiones.