La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) volvió a quedar en el centro de la disputa política, sindical y social. Mientras el Gobierno nacional avanzó este martes con la apertura de las ofertas técnicas para transferir al sector privado el 90% de las acciones de la empresa, la CTA y distintas organizaciones que integran el Espacio Intercuencas volvieron a ocupar la calle para expresar su rechazo al proceso. La movilización tuvo como destino el Ministerio de Economía, donde las organizaciones entregaron una nota de rechazo y repudio al proceso privatizador y reclamaron que el acceso al agua sea preservado como un derecho humano fundamental y no como una mercancía sujeta a la lógica del mercado. La protesta se produce, además, en un escenario judicial que suma tensión al proceso impulsado por la administración de Javier Milei. El 8 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la medida cautelar promovida por la Defensoría del Pueblo bonaerense. La resolución impide que AySA reduzca, limite, suspenda o altere sus obligaciones vinculadas con la provisión de agua potable, la salud pública, el ambiente y la adecuada prestación del servicio. La Cámara, además, dispuso que la causa continúe su trámite ante la Justicia Federal, por tratarse de una empresa cuyo paquete accionario mayoritario pertenece al Estado nacional. Desde la CTA destacaron que la resolución judicial representa un límite al avance del proceso privatizador y remarcaron que la defensa del agua involucra directamente los derechos de millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires. La Central había advertido días atrás que la Justicia había ratificado la obligación de AySA de mantener sus compromisos respecto del acceso al agua potable, la salud pública y la protección ambiental. El reclamo continúa Las organizaciones anunciaron que continuarán con las acciones institucionales y callejeras para intentar frenar la privatización. En ese marco, señalaron como próxima instancia la reunión de la Comisión de Obras Públicas prevista para el próximo 22, donde buscarán llevar nuevamente su posición contra la transferencia de la empresa al capital privado. El conflicto, de este modo, excede la discusión sobre quién administrará AySA. Para las organizaciones sindicales, ambientales y sociales, lo que está en juego es el carácter público de un servicio indispensable y la obligación del Estado de garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento. Mientras el Gobierno celebra el avance de la licitación, los sectores que rechazan la privatización sostienen que el agua constituye un derecho colectivo que no puede quedar subordinado a la rentabilidad empresarial. La disputa por AySA, lejos de cerrarse con la apertura de los sobres, entra así en una nueva etapa: en las calles, en el Congreso y también en los tribunales.