El Gobierno nacional avanzó este martes con una de las principales privatizaciones previstas por la administración de Javier Milei: la apertura de las ofertas técnicas para la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El acto se desarrolló mientras continúa vigente una medida cautelar que establece límites sobre las obligaciones de la empresa respecto de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento. De acuerdo con el cronograma oficial, el Ministerio de Economía estableció para este 15 de septiembre el cierre de la presentación de ofertas y la apertura de la Etapa 1 de la licitación destinada a seleccionar un operador estratégico para la compañía. El proceso contempla la venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, equivalentes al 90% del capital social de AySA. Finalmente, dos grupos empresarios presentaron propuestas y quedaron en carrera para continuar con el proceso de selección. La controversia judicial El avance de la licitación coincide con una disputa judicial que todavía no fue resuelta en forma definitiva. La causa se inició a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que cuestionó aspectos vinculados con las obligaciones ambientales, sanitarias y de prestación del servicio en el marco del proceso de reestructuración y privatización de AySA. En junio, el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata había dictado una medida cautelar destinada a preservar determinadas obligaciones de la empresa. Posteriormente, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó esa protección. Según la resolución difundida públicamente, AySA debe abstenerse de modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente y la adecuada prestación del servicio. La Cámara también determinó que el expediente deberá continuar ante la Justicia Federal. Una privatización atravesada por la Justicia La situación genera una particular tensión institucional: mientras el Ejecutivo continúa con el procedimiento administrativo destinado a transferir el control de AySA al sector privado, una medida judicial mantiene protegidas determinadas condiciones de prestación del servicio. Esto no significa que la Justicia haya establecido una sentencia definitiva sobre la privatización de la empresa. La cautelar constituye una medida provisoria destinada a preservar determinadas condiciones mientras se analiza la cuestión de fondo. El expediente deberá ahora continuar en el fuero federal, donde se definirá el alcance de los planteos formulados contra el nuevo esquema de concesión y el proceso de privatización. En paralelo, organizaciones sindicales, sociales y ambientales mantienen su rechazo a la operación y anunciaron nuevas acciones para intentar frenar el proceso. De esta manera, la privatización de AySA avanza administrativamente, pero continúa abierta una controversia judicial que podría resultar determinante para el futuro del servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.