El Gobierno de Javier Milei profundiza su política de desregulación y transferencia de áreas estratégicas al sector privado. Mientras avanza el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, el Ejecutivo terminó de ampliar el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incorporar proyectos vinculados con infraestructura y tecnología. El movimiento no es menor. El ferrocarril de cargas constituye una pieza central de la estructura productiva argentina porque permite trasladar granos, minerales, insumos industriales y otras mercaderías desde las economías regionales hacia los principales centros de consumo y exportación. Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar con un esquema que apunta a reemplazar la administración estatal por concesiones privadas. La privatización de Belgrano Cargas fue autorizada mediante el Decreto 67/2025 y contempla la desintegración de la empresa y la separación de sus distintas unidades de negocio. El esquema incluye la venta del material rodante y concesiones para las vías, inmuebles y talleres ferroviarios. El ferrocarril como negocio El proceso alcanza a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Según el esquema que prepara el Ejecutivo, los privados podrán participar en distintos componentes del negocio ferroviario y también existe la posibilidad de que un mismo grupo empresario se presente por la totalidad de la red. La publicación de los pliegos para iniciar formalmente la licitación se encontraba en las últimas etapas de revisión durante julio, mientras desde el Gobierno buscaban acelerar la transferencia de la operación a capitales privados. Entre los potenciales interesados aparece Ferromex, del Grupo México, que habría diseñado un programa de inversiones de hasta USD 3.000 millones para modernizar las líneas. El Gobierno, además, pretende que las inversiones vinculadas con las concesiones puedan beneficiarse de las ventajas del RIGI. Y allí aparece uno de los puntos centrales de la discusión: el Estado avanza en desprenderse de infraestructura estratégica al mismo tiempo que ofrece un régimen de beneficios especiales para atraer grandes capitales privados. El RIGI también abre la puerta al sector tecnológico La modificación del régimen no se limita al transporte. El Decreto 105/2026 amplió la definición del sector tecnológico alcanzado por el RIGI e incluyó actividades como biotecnología, nanotecnología, movilidad eléctrica e híbrida, tecnologías de transición energética, industria aeroespacial y satelital, industria nuclear, software, robótica, inteligencia artificial y otras áreas tecnológicas. Para determinados proyectos tecnológicos, la normativa establece condiciones específicas para considerar como ampliación la incorporación de un nuevo producto. Entre ellas figura una inversión mínima computable de USD 250 millones. Además, el nuevo producto debe incorporar contenidos tecnológicos o funcionales innovadores y presentar diferencias en al menos el 50% de sus componentes, medidos por valor económico. También se establece que el producto debe tener un ciclo de vida útil de mercado igual o inferior a diez años, condición que deberá ser acreditada mediante un informe técnico independiente. Un régimen diseñado para las grandes inversiones El RIGI fue creado por la Ley Bases como un régimen destinado a proyectos de gran escala y ofrece un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para quienes cumplan con sus condiciones. El Gobierno prorrogó además por un año el plazo para ingresar al régimen, extendiéndolo desde julio de 2026. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es atraer capitales, aumentar las exportaciones, generar empleo y desarrollar sectores considerados estratégicos. El propio Gobierno informó que los primeros proyectos aprobados bajo el RIGI representarían inversiones por decenas de miles de millones de dólares. Pero desde una mirada sindical, el interrogante es inevitable: ¿qué recibe el trabajador de este modelo de grandes inversiones si el Estado reduce su participación y las empresas privadas obtienen condiciones especiales para operar sectores estratégicos? Privatización y concentración El caso del Belgrano Cargas concentra buena parte de las críticas. La red ferroviaria no es solamente una empresa que transporta mercaderías. Es infraestructura pública construida durante décadas y vinculada directamente con la integración territorial, el desarrollo de las economías regionales y la logística nacional. La propia legislación ferroviaria reconoce como objetivo prioritario la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y cargas, la renovación de la infraestructura y la incorporación de tecnología para mejorar el sistema. El Gobierno, en cambio, eligió avanzar con un modelo basado en la participación privada y las concesiones. En mayo, una resolución del Ministerio de Economía ya planteaba la necesidad de armonizar la incorporación de inversores privados para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza con el resto de las líneas ferroviarias concesionadas. El debate que queda abierto Para el oficialismo, la llegada de capital privado permitirá recuperar infraestructura deteriorada, aumentar la capacidad de transporte y reducir costos logísticos. Para el movimiento sindical, la discusión es mucho más profunda: no se trata solamente de quién pone el dinero para reparar las vías, sino de quién controla una infraestructura estratégica y quién se queda con los beneficios económicos que genera. Mientras el Gobierno avanza con la privatización del Belgrano Cargas y amplía el RIGI hacia nuevos sectores, el sistema ferroviario vuelve a quedar en el centro de una discusión que Argentina conoce desde hace décadas. La pregunta que queda planteada es si la inversión privada terminará fortaleciendo un sistema ferroviario al servicio del desarrollo nacional o si, por el contrario, consolidará un esquema donde las principales infraestructuras públicas queden subordinadas a la rentabilidad de grandes grupos empresarios. Desde la perspectiva de los trabajadores, el desafío será que la modernización ferroviaria no termine significando pérdida de puestos de trabajo, precarización laboral o transferencia de patrimonio público sin una contraprestación social equivalente.