En el marco del endeudamiento de las familias y tras las declaraciones de Javier Milei con respecto a las deudas de tarjeta de crédito legisladores de Unión por la Patria presentaron una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia para que se investiguen las tasas de interés y las condiciones de los préstamos ofrecidos por bancos, billeteras digitales y otros proveedores de financiamiento. La presentación, encabezada por el diputado nacional Guillermo Michel, pone bajo análisis a 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre ellos mutuales y cooperativas autorizadas para operar en el sistema.

El planteo adquiere especial relevancia porque el crédito dejó de ser, para numerosos hogares, una herramienta destinada a realizar una inversión o comprar un bien de alto valor. Según el diagnóstico expuesto por los legisladores, cada vez más familias recurren al financiamiento para cubrir alimentos, servicios y gastos cotidianos. "Cuando el salario no alcanza, la deuda aparece como la única salida", es el eje político que atraviesa el reclamo.

UNA INVESTIGACIÓN SOBRE TASAS Y COSTOS FINANCIEROS

Los legisladores solicitaron que la autoridad competente releve el historial de las Tasas Efectivas Anuales (TEA) y de los Costos Financieros Totales (CFT) aplicados por las entidades alcanzadas. También pidieron comparar los valores entre las distintas empresas y analizar su evolución, además de incorporar información sobre los niveles de morosidad y los ratios de endeudamiento. El objetivo es determinar si existen prácticas que puedan afectar la competencia o vulnerar derechos de consumidores y usuarios. Entre las plataformas mencionadas en la presentación aparecen empresas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay, según la información difundida sobre la denuncia. La investigación solicitada, sin embargo, no significa que las empresas hayan sido encontradas responsables de una conducta ilegal. Lo que se busca es que el organismo competente analice las condiciones de funcionamiento del mercado y determine si existen irregularidades.

EL ENDEUDAMIENTO COMO RESPUESTA A LA CRISIS

Para los legisladores que impulsan la presentación, el problema no puede analizarse exclusivamente desde el sistema financiero. El diputado Guillermo Michel sostuvo que, mientras los ingresos familiares pierden capacidad de compra frente a determinados gastos, las familias terminan recurriendo al crédito para sostener consumos esenciales. La denuncia vincula especialmente este fenómeno con el peso de servicios como luz, gas y alquileres y con el costo de los alimentos. El fenómeno adquiere una dimensión social cuando el préstamo deja de utilizarse para mejorar las condiciones de vida y comienza a emplearse para pagar la vida cotidiana. En ese escenario, una familia puede solicitar un crédito para cubrir una factura, utilizar una tarjeta para comprar alimentos y luego recurrir a otra financiación para cancelar la deuda anterior. La deuda empieza entonces a generar nueva deuda.

EL DATO DE LA MORA

El debate también está relacionado con el crecimiento de la morosidad. Distintos relevamientos citados en el debate público de este año registraron un incremento de los atrasos en los pagos, con especial preocupación por los hogares que acumulan compromisos con tarjetas, préstamos personales y plataformas financieras. En declaraciones vinculadas con la presentación, Michel mencionó una estimación de 5,7 millones de personas en mora, aunque esa cifra debe ser entendida como un dato citado por el legislador y no como una medición oficial producida por la autoridad que deberá investigar las prácticas denunciadas. El dato sirve, de todos modos, para dimensionar el problema político que empieza a instalarse: qué sucede cuando una parte cada vez mayor de los ingresos familiares queda destinada a pagar deudas.

UN PROBLEMA QUE YA LLEGÓ AL CONGRESO

La discusión no comenzó con esta denuncia. Durante 2026 fueron presentados distintos proyectos destinados a abordar el sobreendeudamiento de las familias y crear mecanismos de alivio financiero. Entre ellos se encuentra una iniciativa denominada Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Argentinas (RED), que propone declarar una emergencia en materia crediticia familiar durante dos años. En el Congreso también se analizaron propuestas vinculadas con la refinanciación de deudas familiares y mecanismos para reducir el peso financiero sobre los hogares. El tema comienza así a adquirir una dimensión transversal: salarios, tarifas, alimentos, crédito, tasas de interés y morosidad forman parte de una misma discusión sobre el ingreso disponible de las familias.

¿QUIÉN PAGA EL COSTO DEL AJUSTE?

Desde una mirada sindical, el debate tiene una pregunta inevitable: si los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos básicos y el trabajador debe financiar el consumo cotidiano, ¿cuál termina siendo el verdadero costo de esa política económica? El salario puede ingresar a una cuenta bancaria, pero una parte cada vez mayor puede terminar destinada a cancelar cuotas, intereses y refinanciaciones. Por eso, el reclamo de los diputados opositores busca llevar la discusión más allá de las billeteras virtuales. El verdadero problema, sostienen, es qué condiciones enfrenta una familia cuando necesita pedir dinero para poder llegar a fin de mes. La presentación ante la Autoridad Nacional de la Competencia abre ahora una instancia institucional para determinar si existen prácticas anticompetitivas, diferencias injustificadas en las condiciones crediticias o mecanismos que terminen perjudicando a los consumidores.

Mientras tanto, para millones de trabajadores, jubilados y familias de ingresos medios y bajos, la pregunta continúa siendo la misma: ¿cuánto cuesta pedir prestado el dinero que falta cuando el salario ya no alcanza? Y detrás de cada cuota hay una historia concreta: una familia que intenta pagar la comida, una factura, el alquiler o una necesidad urgente. El desafío, advierten desde los sectores que cuestionan el actual esquema económico, no debería ser solamente facilitar más crédito. También debería ser garantizar que los ingresos permitan vivir sin tener que endeudarse para sobrevivir.