En ese contexto efectivos federales y de la Policía de la Ciudad avanzaron sobre los manifestantes con balas de goma, gas pimienta y camiones hidrantes, en un operativo que dejó heridos, detenidos y escenas de extrema tensión. Lo que comenzó como una protesta masiva en defensa de la soberanía nacional derivó en un violento operativo de dispersión cuando las fuerzas de seguridad intentaron despejar las inmediaciones del vallado perimetral instalado alrededor del Palacio Legislativo. Trabajadores de distintos sindicatos denunciaron que la represión alcanzó a columnas gremiales que permanecían en la zona del Congreso luego del acto principal. Testigos señalaron que los efectivos realizaron disparos con postas de goma y utilizaron camiones hidrantes para empujar a los manifestantes sobre Avenida de Mayo y calles adyacentes. Las imágenes difundidas durante la tarde mostraron corridas, personas asistidas por personal sanitario y manifestantes con lesiones provocadas por el impacto de balas de goma. Organizaciones sindicales denunciaron además detenciones arbitrarias y responsabilizaron al Gobierno nacional por la escalada represiva. Desde distintos gremios sostuvieron que la respuesta oficial buscó disciplinar la protesta social y advirtieron que la utilización de fuerzas federales contra trabajadores movilizados constituye un hecho de enorme gravedad institucional. La represión se produjo en el contexto del tratamiento legislativo de la reforma de la Ley de Tierras, iniciativa cuestionada por amplios sectores sindicales, sociales y políticos que consideran que favorece la extranjerización de recursos estratégicos. Al cierre de esta edición, las organizaciones gremiales evaluaban nuevas medidas de fuerza y reclamaban la inmediata liberación de los detenidos, el cese de la represión y el retiro del proyecto de reforma.