El plan de ajuste del Gobierno de Javier Milei volvió a chocar contra la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento de las universidades públicas, al devolver el expediente al juzgado de primera instancia y mantener vigente la orden judicial mientras se discute el fondo de la causa. La decisión representa un duro revés para la estrategia oficial de recortar recursos destinados al sistema universitario y evita que el Ejecutivo suspenda el cumplimiento de la cautelar durante el proceso judicial. En otras palabras, el Gobierno deberá seguir asignando fondos conforme a lo dispuesto por la Justicia. El fallo llega en un contexto de creciente conflicto entre las universidades nacionales y la administración libertaria, marcado por reclamos presupuestarios, movilizaciones masivas, paros docentes y denuncias por el deterioro salarial de trabajadores universitarios. Desde los sectores sindicales y académicos interpretaron la resolución como una señal clara de que el Estado no puede desentenderse del sostenimiento del sistema universitario público. La cautelar continuará vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el planteo principal. La resolución judicial refuerza la posición de las universidades y de los gremios docentes y no docentes que vienen denunciando que el ajuste presupuestario pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio, las tareas de investigación y el acceso de miles de estudiantes a la educación superior. Con esta decisión, la Justicia mantiene un límite al recorte impulsado por el Gobierno y deja abierto un escenario de fuerte disputa política y judicial por el futuro del financiamiento universitario en la Argentina.