El gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés internacional este martes, cuando el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la reforma laboral oficial representa un retroceso histórico para los derechos de los trabajadores argentinos y vulnera los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. La audiencia se realizó en Washington, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias de la CIDH, y fue solicitada por el FreSU junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Participaron además representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT). Durante la exposición, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una de las acusaciones más contundentes contra la administración libertaria. "El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos", afirmó. Aguiar sostuvo que el Gobierno está llevando adelante "una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX", atacando la jornada de ocho horas, restringiendo el derecho de huelga, debilitando a las organizaciones sindicales y avanzando sobre conquistas históricas del movimiento obrero. "Aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina enfrentamos un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso esta comisión debe actuar", remarcó el dirigente estatal. Denuncias por persecución sindical El FreSU también denunció ante el organismo internacional la existencia de una política sistemática de persecución y disciplinamiento contra organizaciones sindicales y sus dirigentes. Asimismo Uno de los puntos más sensibles fue el pedido para que la CIDH declare incompatible con la Convención Americana la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, cuya vigencia finalizará a fin de año si el Congreso no trata el nuevo proyecto impulsado por Sipreba y Fatpren. "Un periodista precarizado es un periodista silenciable", advirtió Francisco Rabini, representante del Sipreba, quien alertó que la eliminación del estatuto abre la puerta a despidos arbitrarios y a mecanismos indirectos de censura sobre la prensa. Las organizaciones también reclamaron estudios técnicos sobre el impacto diferenciado que tendrán la flexibilización de la jornada laboral y la extensión del período de prueba sobre las mujeres y la economía del cuidado. En ese marco, Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, denunció que el modelo impulsado por el Gobierno genera una verdadera "pobreza de tiempo", producto del pluriempleo y la flexibilización, que erosiona la organización colectiva, debilita la militancia sindical y golpea con mayor fuerza a las trabajadoras. "La falta de tiempo produce una crisis de los cuidados, desorganiza los afectos y multiplica las tensiones en los hogares y comunidades", señaló. Uno de los testimonios más fuertes fue el del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, quien relató el hostigamiento que asegura haber sufrido por parte del Estado. "El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del Gobierno utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado", denunció. Biró afirmó además que fue objeto de denuncias penales, amenazas y seguimientos sobre su entorno familiar, situación que lo llevó a presentar un habeas corpus preventivo. "Me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas", reveló. El dirigente aeronáutico agregó que el Gobierno impulsó multas millonarias y acciones judiciales contra distintos gremios, entre ellos La Fraternidad, la UTA, la Asociación del Personal Aeronáutico y más de 170 trabajadores del subte. La UOM, otro blanco del Gobierno En la presentación internacional también se mencionó como ejemplo de disciplinamiento sindical la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que el FreSU calificó como una muestra del avance del Gobierno sobre las organizaciones de trabajadores. La CIDH pidió explicaciones Tras escuchar las exposiciones, los comisionados de la CIDH formularon cuestionamientos y solicitaron explicaciones a los representantes del Estado argentino sobre los mecanismos utilizados para implementar la reforma laboral y las denuncias de regresión en materia de derechos laborales. El abogado laboralista Matías Cremonte respondió que el alcance de la reforma implica una transformación estructural del derecho del trabajo. "La regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo, que es el de justicia social. Se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores puedan decidir, en una relación totalmente desigual, aceptar peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, la negación del derecho del trabajo, que nació para proteger a quien está en desventaja", sostuvo. Para el movimiento sindical, la audiencia dejó una señal política contundente: la ofensiva laboral del gobierno de Javier Milei ya no enfrenta únicamente la resistencia de los trabajadores argentinos, sino que quedó bajo la observación directa del principal organismo de derechos humanos del continente.