En ese sentido tras la ofensiva desreguladora del Gobierno de Javier Milei encontró este lunes una respuesta contundente del sector marítimo. Los prácticos, pilotos y baqueanos de todo el país iniciaron un cese de actividades por tiempo indeterminado que dejó paralizadas las maniobras de ingreso y salida de buques en los principales puertos argentinos, con impacto directo sobre el comercio exterior, el abastecimiento de combustibles y proyectos estratégicos vinculados a Vaca Muerta. La protesta fue lanzada en rechazo al Decreto 690/2026, firmado por el presidente Milei y el ministro Federico Sturzenegger, que modifica de manera profunda el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991.

Los trabajadores del sector sostienen que la norma pone en riesgo la seguridad de la navegación, favorece una desregulación extrema y abre la puerta a una precarización de una actividad altamente especializada. La medida tuvo efectos inmediatos. Buques cargueros, tanqueros y embarcaciones vinculadas a la exportación de granos y combustibles quedaron inmovilizados en puertos de Buenos Aires, Santa Fe, Bahía Blanca, Chubut y Santa Cruz. Incluso el buque de transporte pesado White Marlin, que debía participar en tareas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), permaneció fondeado fuera del puerto al no contar con un práctico habilitado para ingresar. Fuentes del sector advirtieron que la paralización alcanza a toda la cadena logística del comercio exterior.

El Centro de Navegación informó que más de 140 buques quedaron pendientes de confirmación del servicio de practicaje y alertó que algunas operaciones ya comenzaron a ser redireccionadas hacia el puerto de Montevideo y terminales del sur de Brasil, con pérdidas millonarias para el país. La Cámara Argentina de Energía (CADE) también confirmó que las operaciones de sus empresas asociadas permanecen interrumpidas por la falta de prácticos, lo que podría generar dificultades en el abastecimiento de nafta, gasoil y fuel oil en distintas regiones del país. Frente a la magnitud del conflicto, representantes del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia intentaron abrir una instancia de diálogo con las autoridades del sector.

Sin embargo, la respuesta de los prácticos fue terminante: no habrá negociación mientras el Decreto 690/2026 continúe vigente. “Para que exista un diálogo real y sincero, es imprescindible que ambas partes podamos sentarnos en igualdad de condiciones”, señalaron los profesionales en un comunicado interno, donde reclamaron la suspensión o derogación de la norma antes de cualquier mesa de trabajo. En paralelo, la Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales para que los prácticos retomen inmediatamente la prestación del servicio.

El Gobierno sostiene que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advirtió que la continuidad de la medida podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos. El decreto impulsado por Milei y Sturzenegger crea un registro abierto de prácticos administrado por la Prefectura, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales, habilita la libre contratación por parte de los usuarios y faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar tarifas máximas. Para los trabajadores marítimos, lejos de abaratar costos, la reforma compromete la seguridad operacional de una de las actividades más sensibles del sistema portuario argentino. “No estamos discutiendo un privilegio; estamos defendiendo la seguridad de la navegación, la soberanía sobre nuestros ríos y el trabajo argentino”, remarcaron fuentes del sector. Con los puertos paralizados, más de un centenar de buques demorados y crecientes pérdidas para las cadenas exportadoras y energéticas, el conflicto ya se convirtió en uno de los enfrentamientos laborales y estratégicos más importantes del año entre el Gobierno nacional y los trabajadores del sistema marítimo-portuario.