El conflicto se desató tras la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei desreguló el sistema de practicaje y pilotaje. La norma elimina cupos para el registro de prácticos, habilita la libre contratación por parte de los armadores y amplía la competencia en el sector. Los prácticos, capitanes, baqueanos y gremios marítimos denuncian que la medida pone en riesgo miles de puestos de trabajo argentinos, favorece la participación de operadores extranjeros y debilita el control nacional sobre la navegación en la Hidrovía, el Río de la Plata y los puertos del país. Mientras el Gobierno sostiene que busca reducir costos y modernizar el transporte marítimo, las organizaciones del sector ya preparan acciones gremiales y judiciales para frenar una reforma que consideran un nuevo avance contra el empleo y la soberanía marítima argentina. Asimismo la medida elimina restricciones para el ingreso de nuevos prestadores, habilita la libre contratación por parte de los armadores y permite que la Prefectura Naval intervenga directamente en determinadas circunstancias. Para el oficialismo, se trata de una "modernización" destinada a reducir costos logísticos. Para los trabajadores, es el comienzo de un proceso de precarización y extranjerización del cabotaje argentino. Cabe señalar que los prácticos son profesionales especializados que asisten a los capitanes de los buques cuando navegan por ríos, canales, accesos portuarios y puertos del país. Su conocimiento local es clave para garantizar la seguridad de la navegación en zonas complejas como la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Río de la Plata. Por eso, desde el sector advierten que reemplazar un sistema regulado por uno abierto a la competencia irrestricta puede tener consecuencias laborales y operativas de enorme magnitud. La preocupación se profundiza porque la reforma del practicaje aparece alineada con otras iniciativas del Gobierno orientadas a flexibilizar la marina mercante y permitir una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el transporte entre puertos argentinos. En otras palabras, los gremios interpretan que el objetivo final es desplazar a trabajadores nacionales para abaratar costos a favor de grandes operadores privados. "Detrás del discurso de la libertad de mercado se esconde un nuevo ataque al trabajo argentino", sostienen referentes del sector marítimo, que ya analizan acciones gremiales y judiciales para frenar la aplicación del decreto. La ofensiva oficial no es un hecho aislado. Se suma al ajuste sobre organismos públicos, al vaciamiento de áreas estratégicas y a una política que, una vez más, coloca el costo de la competitividad sobre los hombros de los trabajadores. En un país con miles de kilómetros de ríos navegables, puertos y costas, entregar el control operativo del cabotaje no es solo una discusión laboral: es una decisión política que compromete empleo, producción y soberanía. Y los trabajadores marítimos aseguran que no están dispuestos a dejar pasar otro capítulo del desguace impulsado por el Gobierno de Milei.