El conflicto laboral argentino cruzó las fronteras. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), consiguió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cite oficialmente al Estado argentino para que responda por los efectos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La audiencia se realizará el próximo 4 de agosto a las 15:00 (hora argentina), en el marco del 196° Período de Sesiones Ordinarias del organismo con sede en Washington. Allí, representantes del Gobierno deberán dar explicaciones por las denuncias de vulneración del derecho de huelga, el debilitamiento de la libertad sindical y la represión contra manifestaciones populares. Para el FreSU, la Ley 27.802 representa un retroceso histórico en materia de derechos laborales. En la presentación enviada a la CIDH, el frente sindical sostuvo que la reforma desplaza al Estado de su rol de árbitro entre el capital y el trabajo para favorecer a los sectores empresariales, dejando a los trabajadores en una situación de mayor indefensión. Una delegación sindical de primer nivel La comitiva que expondrá ante los comisionados estará integrada por Rodolfo Aguiar (ATE), Pablo Biró (APLA), Clara Chevalier (CONADU) y Francisco Rabini (SIPreBA). También participarán los abogados laboralistas Mariana Amartino y Matías Cremonte, junto al presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini, quienes aportarán los fundamentos jurídicos de la denuncia. Qué denunciarán en Washington Entre los principales puntos que el FreSU llevará ante el organismo internacional figuran: - La restricción del derecho de huelga mediante la ampliación de actividades consideradas esenciales. - El debilitamiento de la libertad sindical y de las herramientas de negociación colectiva. - La desprotección de mujeres trabajadoras y sectores informales. - La eliminación de sanciones contra el trabajo no registrado y de mecanismos de control sobre incumplimientos laborales. - La criminalización de la protesta social y el uso de fuerzas de seguridad para intimidar a organizaciones sindicales, jubilados y trabajadores de prensa. Mientras la audiencia se desarrolle en Washington, el FreSU y el CELS instalarán una tribuna sindical en Piedras 547, San Telmo, desde donde dirigentes y militantes seguirán en tiempo real la exposición ante la CIDH. La citación de la Comisión Interamericana marca un hecho político de enorme impacto: por primera vez desde la sanción de la reforma laboral, el Gobierno argentino deberá responder en un ámbito internacional por las denuncias de retroceso en derechos laborales y sindicales. Para el movimiento obrero, el conflicto ya no se libra solamente en las calles y en los tribunales nacionales: ahora también se disputa ante el sistema interamericano de derechos humanos.