En ese sentido el Gobierno de Javier Milei volvió a abrir un frente de conflicto con el movimiento popular. Esta vez, el eje es la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una reforma que habilitaría la extranjerización total de las tierras argentinas y que el peronismo ya decidió enfrentar con una estrategia política, territorial y parlamentaria en todo el país. El próximo lunes a las 18, en la sede del Partido Justicialista de Matheu 130, se realizará una cumbre organizada por la Secretaría de Agricultura del PJ, encabezada por Julián Domínguez. Del encuentro participarán representantes de distintas provincias y senadores que buscarán bloquear el proyecto cuando sea tratado en el Senado, donde en principio está previsto que llegue al recinto el jueves 6 de agosto. Lo que inicialmente iba a ser una reunión técnica terminó convirtiéndose en una convocatoria abierta al público. “Era una reunión técnica y está tomando un nivel muy convocante”, señalan desde el PJ, convencidos de que el debate sobre el territorio nacional despertó una fuerte sensibilidad social. En el partido sostienen que la iniciativa oficial ya supera el 70% de rechazo en la opinión pública. La resistencia no se limitará a Buenos Aires. En Rosario ya comenzaron las actividades con un encuentro entre el jefe del bloque de diputados nacionales Germán Martínez y el senador Marcelo Lewandowski, quienes cuestionaron el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. En paralelo, se organizan jornadas y movilizaciones en distintas provincias con participación de organizaciones sindicales, campesinas y sociales. Desde el peronismo recuerdan que la defensa de la tierra forma parte de una tradición histórica del movimiento: la ley de fronteras de 1944, la Constitución de 1949, el Consejo Agrario Nacional y la propia Ley de Tierras son presentados como antecedentes de una misma política de defensa de la soberanía nacional. El movimiento obrero comenzó a alinearse detrás de esa consigna. Diversos gremios analizan sumarse a la campaña federal al considerar que la reforma no solo favorece la especulación inmobiliaria y financiera, sino que compromete recursos estratégicos como el agua, los minerales y las áreas de frontera. La consigna que comienza a instalarse es contundente: “La tierra argentina en manos de los productores argentinos”. En el PJ aseguran que ya existen al menos 30 territorios del país donde más del 50% de la superficie está en manos extranjeras y advierten que la Patagonia es uno de los principales objetivos de grandes fondos y tecnócratas internacionales por su disponibilidad de agua dulce y sus condiciones ambientales. La advertencia también apunta al escenario posterior. Si la ley fuera aprobada, el peronismo anticipa que impulsará acciones judiciales para impedir su aplicación. “La tierra que se pierde no se recupera y no es renovable. El riesgo es que construyan en la Argentina territorios libres de normas”, sostienen desde el espacio. Con el Congreso a punto de reabrir su actividad, la batalla por la ley de tierras ya dejó de ser un debate técnico. Para el movimiento sindical y el peronismo, será una disputa por el control del territorio, los recursos naturales y el futuro de la soberanía argentina.