En ese contexto el ministro de desregulación Federico Sturzenegger prepara una nueva ofensiva legislativa que promete profundizar el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto, que aún se encuentra en revisión dentro de la Casa Rosada, contempla modificaciones sobre la marina mercante, el transporte de cabotaje, el practicaje, el mercado inmobiliario, las farmacias, la industria editorial, la actividad vitivinícola y otros sectores regulados. La iniciativa retoma puntos que habían quedado fuera de la Ley Bases y de otros paquetes legislativos anteriores, con el objetivo de ampliar la desregulación económica y reducir las restricciones que, según el Gobierno, afectan la competitividad. Sin embargo, la reacción de los gremios marítimos no tardó en llegar. Organizaciones sindicales y entidades vinculadas a la actividad advirtieron que una mayor apertura del cabotaje a embarcaciones de bandera extranjera pondría en riesgo miles de puestos de trabajo, debilitaría los convenios colectivos y afectaría la soberanía sobre el transporte fluvial y marítimo argentino. El conflicto se suma a los cambios introducidos por el DNU 340/2025, que ya flexibilizó distintos aspectos del régimen de la marina mercante y generó un fuerte rechazo sindical. Desde el movimiento obrero sostienen que el nuevo proyecto representa un nuevo capítulo del proceso de desregulación que impulsa la administración libertaria y advierten que podría extender sus efectos a numerosas actividades productivas, eliminando regulaciones consideradas esenciales para proteger el empleo argentino. Aunque el texto definitivo aún no fue enviado al Congreso, las primeras versiones ya anticipan un escenario de fuerte confrontación política y sindical, con gremios que prometen resistir cualquier intento de avanzar sobre los derechos laborales y la producción nacional.