En ese marco movimiento sindical denuncia que la norma recorta derechos históricos de los trabajadores, mientras el Gobierno suma un nuevo respaldo judicial. La ofensiva judicial de la CGT para frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sufrió un nuevo revés. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a la medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, una de las normas más cuestionadas por el sindicalismo desde su sanción.

Con las firmas de los jueces Rogelio Vincenti y Jorge Eduardo Morán, el tribunal consideró que no existen, por el momento, los requisitos necesarios para dejar sin efecto de manera provisoria la ley impulsada por la administración de Javier Milei, que continuará plenamente vigente mientras avanza el juicio sobre su constitucionalidad. La resolución representa un fuerte respaldo para la estrategia del Gobierno y un nuevo obstáculo para la central obrera, que sostiene que la reforma vulnera derechos fundamentales conquistados durante décadas de lucha sindical. Entre los puntos impugnados por la CGT figuran modificaciones vinculadas al derecho de huelga, la negociación colectiva, la protección de delegados gremiales, el régimen de licencias, vacaciones y distintos aspectos de las relaciones laborales.

Los camaristas sostuvieron que una medida cautelar no puede transformarse en un pronunciamiento anticipado sobre la constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso. Además, remarcaron que no quedó acreditado el denominado "peligro en la demora", requisito indispensable para suspender provisoriamente una norma. Desde el movimiento obrero advierten que permitir la aplicación de la reforma mientras se resuelve el expediente puede generar perjuicios irreparables para miles de trabajadores. Sin embargo, la Cámara entendió que el proceso principal tendrá una resolución en plazos relativamente breves y que quienes consideren vulnerados sus derechos podrán iniciar demandas individuales.

El Estado Nacional, junto con la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural Argentina, había solicitado rechazar el planteo cegetista, al considerar que suspender la ley implicaría alterar la división de poderes y desconocer la presunción de legitimidad de las normas sancionadas por el Congreso. Pese al revés, la disputa judicial continúa abierta. La CGT mantiene su demanda para que la Justicia declare la inconstitucionalidad de distintos artículos de la reforma laboral, una batalla que el sindicalismo considera clave para impedir la consolidación de un modelo que, según denuncia, avanza sobre derechos históricos de los trabajadores argentinos.