En ese contexto la intención del Gobierno de Javier Milei de acelerar la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) volvió a encender la alarma entre empresarios nacionales, laboratorios y sectores vinculados a la producción, que denuncian que la iniciativa favorece a las grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la industria local. Aunque el proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y dictamen favorable en la Cámara de Diputados, el tratamiento legislativo permanece frenado a la espera de definiciones en los Estados Unidos sobre el esquema arancelario derivado de la investigación comercial realizada bajo la Sección 301.

Desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, sostienen que una vez oficializado el nuevo cuadro arancelario norteamericano, previsto para fines de julio, quedará despejado el camino para impulsar el debate en el Congreso argentino. Sin embargo, detrás de la discusión técnica se libra una fuerte batalla política y económica. Mientras la cámara empresaria estadounidense AMCHAM presiona para una rápida aprobación del tratado, los laboratorios nucleados en CILFA advierten que la medida puede debilitar la capacidad productiva nacional y abrir la puerta a una mayor concentración del mercado farmacéutico y biotecnológico. Uno de los puntos más cuestionados es el posible desplazamiento del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) como autoridad técnica para evaluar patentes.

Según el esquema impulsado por el oficialismo, los informes elaborados por oficinas extranjeras podrían adquirir un peso determinante en el análisis de nuevas solicitudes. Para la industria farmacéutica argentina, esa modificación implica resignar soberanía tecnológica y limitar la capacidad del Estado para decidir qué innovaciones reúnen los requisitos para obtener protección en el país. El despacho de mayoría incorporó una reserva para mantener cierto margen de actuación del INPI mediante el uso de informes técnicos extranjeros con carácter no vinculante. No obstante, desde CILFA consideran que esa cláusula no elimina el riesgo de que las decisiones terminen condicionadas por criterios fijados fuera de la Argentina.

En el oficialismo reconocen que, aun cuando La Libertad Avanza consiga aprobar el proyecto en Diputados, el texto sufrirá modificaciones, por lo que deberá regresar al Senado para su sanción definitiva. Mientras tanto, continúa el fuerte lobby entre multinacionales, laboratorios nacionales y sectores productivos, en una discusión que trasciende las patentes y pone sobre la mesa el futuro de la industria argentina y el grado de autonomía que conservará el país en áreas estratégicas como los medicamentos y la biotecnología.