La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó formalmente la recusación contra los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, quienes recientemente resolvieron volver a poner en vigencia aspectos clave de la cuestionada Reforma Laboral, generando un fuerte rechazo en el movimiento obrero organizado. Desde la central sindical señalaron que la decisión judicial no solo implica un retroceso en materia de derechos laborales, sino que además pone en duda la imparcialidad de los magistrados intervinientes. En ese marco, la CGT avanzó con la recusación al considerar que existen elementos suficientes que comprometen la objetividad de ambos jueces. El cosecretario general de la CGT, Octavio Arguello, fue categórico al expresar el malestar del sindicalismo: “Estamos frente a una maniobra que pretende reinstalar por vía judicial lo que no pudieron imponer ni política ni socialmente. No vamos a permitir que se vulneren derechos históricos de los trabajadores”, sostuvo. Arguello también remarcó que la central obrera se mantendrá en estado de alerta: “La Justicia tiene que ser garantía de equidad, no una herramienta para avanzar sobre las conquistas laborales. Si es necesario, vamos a profundizar todas las acciones gremiales y legales”, advirtió. Por su parte, el dirigente de la CGT Cristian Gerónimo cuestionó con dureza el fallo y el accionar de los magistrados: “Estos jueces han demostrado una clara falta de imparcialidad. No se puede confiar en resoluciones que favorecen abiertamente a los sectores empresariales en detrimento de los trabajadores”, afirmó. En la misma línea, Gerónimo agregó: “La Reforma Laboral es un intento de precarización encubierta. La CGT no va a quedarse de brazos cruzados mientras se intenta retroceder décadas en derechos laborales”, subrayó. La decisión judicial generó una inmediata reacción del conjunto del movimiento sindical, que ya analiza nuevas medidas para frenar la aplicación de la normativa. En ese contexto, la recusación presentada por la CGT abre un nuevo capítulo en la disputa judicial y política en torno a la reforma impulsada por el Gobierno.