En ese marco mediante un decreto firmado por el Jefe de Estado Alberto Fernández el cual se suma al acuerdo paritario acordado en 2022. Como resultado, se recuperarán los niveles tras la drástica reducción exhibida durante el gobierno anterior, cuando los salarios cayeron alrededor de un 30 por ciento. Cabe señalar que de los cerebros fugados en busca de mejores condiciones a principios de siglo. Si hasta 2016 se había concretado el retorno de casi 1300 investigadores, a un promedio de 102 por año, con el macrismo, en 2017 y 2018, solo regresaron seis. En ese sentido es la quinta jerarquización que se concede desde 2019 y se suma a la de noviembre de 2020, las de abril y noviembre de 2021, y la de agosto de 2022. Al presente, el salario bruto promedio de una beca doctoral es 212 mil pesos y el de una posdoctoral 253 mil. Aunque las propias autoridades reconocen que no es suficiente, manifiestan y demuestran la voluntad política de proponer mejoras. “La idea con estas jerarquizaciones es recuperar parte del salario perdido. Es un esfuerzo del gobierno nacional y exhibe, en momentos complejos, la importancia que se le da a la ciencia y a la tecnología”, destaca Ana Franchi, presidenta del Conicet. Y admite: “Considero que los salarios están mejor pero todavía no son lo que deberían ser. Vamos hacia eso”. Cabe mencionar que hace algunos días se presentó un proyecto legislativo en Diputados que prevé la ampliación de los derechos de los becarios y de las becarias del Conicet. Entre otros aspectos, propone que sus estipendios se actualicen conforme lo hacen los montos que cobran investigadores de carrera, al tiempo que contempla el reconocimiento de aspectos centrales como el aguinaldo y los aportes previsionales para una población de trabajadores cercana a los 11.500. Si bien fue impulsado desde el Frente de Todos (por el diputado Pablo Carro y la investigadora Nuria Giniger), el proyecto es apoyado por legisladores y legisladoras de diferentes espacios políticos. El hecho de recomponer los salarios se inscribe en una voluntad política que el gobierno expresó desde su llegada a fines de 2019, cuando la cartera de CyT, que durante la gestión anterior había sido degradada a Secretaría, adquirió nuevamente su estatus y recuperó el rango de ministerio. Asimismo, el otro gran punto de inflexión fue la Ley de Financiamiento: Ademas la normativa que se debatía desde hacía muchos años y que a partir de 2021 estipula el crecimiento anual de las inversiones en el área. En ese sentido el objetivo, de cara a 2032, es que a partir de incrementos plurianuales, el sector pueda alcanzar el 1 por ciento del PBI y, de esta manera, logre acercarse --al menos de a poco-- a las inversiones que destinan los países más poderosos del mundo. También hay que mencionar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que pretende ser sancionado como ley en el Congreso, con el propósito de fortalecer la posición del sector, dejar de depender de los gobiernos de turno y apostar a consolidar a la CyT como una política de Estado. Este eje es clave porque los diferentes modelos políticos se expresan en los fondos que, en última instancia, quienes administran destinan al área. Mientras que la gestión anterior había bajado el presupuesto de 0.37 a 0.22 por ciento del PBI entre 2015 y 2019, durante la administración de Fernández ese porcentaje llegó nuevamente a 0.34. Asimismo Filmus plantea: “Es muy probable que si gana Juntos por el Cambio o Milei haya una nueva degradación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el marco de un gobierno agroexportador que apuesta a la especulación financiera, no ven la necesidad del apoyo del Estado al sector científico”. Después remata: “Señalan que todas las inversiones en el área deben provenir del sector privado. Esto impactará, sin dudas, en el plan nuclear, en el de bio y nanotecnología, así como también en el espacial”.