En ese contexto próximo jueves el Senado se prepara para tratar a contrarreloj una profunda modificación de la ley de protección de glaciares. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el presidente Javier Milei tras su incorporación a la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos promovida por Estados Unidos. El tratamiento exprés expone —según advierten sectores sindicales y ambientales— que el rumbo adoptado por la Casa Rosada responde más a exigencias geopolíticas que a una estrategia de desarrollo federal.

El proyecto que llegará al recinto plantea, en los hechos, una redefinición de los alcances de la norma sancionada en 2010, debilitando el esquema de presupuestos mínimos ambientales. Cabe señalar que “La ley de glaciares se construyó durante mucho tiempo. Pasó por un primer veto de CFK hasta conseguir su aprobación en 2010. La provincia de San Juan junto a la Barrick quisieron declararla inconstitucional hasta que la Corte Suprema de Justicia declaró su plena vigencia. Se construyó un amplio consenso democrático sobre esta ley”, sostuvo en diálogo con Agencia de Noticias Bonaerenses Pía Marchegiani, abogada (Universidad de Buenos Aires); magíster en Estudios Globales (Universidad de Friburgo, Alemania y Universidad de Kwazulu-Natal, Sudáfrica) y doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina).

El calendario legislativo no es casual. La postergación del debate hasta febrero coincidió con las negociaciones que el oficialismo desplegó para avanzar con la reforma laboral, encabezadas por la ministra Patricia Bullrich. Ninguna de esas tratativas —remarcan desde el ámbito sindical— contempló la protección de los trabajadores ni de las comunidades afectadas por la actividad minera. La reforma aparece alineada con el “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos”, firmado el 4 de febrero entre Argentina y Estados Unidos por el canciller Pablo Quirno.

El acuerdo establece la intención de acelerar y simplificar trámites regulatorios para facilitar proyectos vinculados a minerales estratégicos. Además, el entendimiento menciona explícitamente la utilización del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para garantizar el abastecimiento de insumos clave para industrias de defensa y tecnologías avanzadas. Vaciamiento por redefinición El núcleo de la modificación consiste en delegar en las provincias la determinación de qué áreas con hielo permanente cumplen funciones hídricas relevantes.

De este modo, no todas las formaciones quedarían automáticamente protegidas, alterando el espíritu original de la ley. Asimismo se sabe que el ambiente no reconoce fronteras; todas las reservas estratégicas del agua no tienen fronteras y sirven tanto para la agricultura, la producción vitivinícola en Mendoza, la ganadería, las personas y la propia vida del ecosistema. “Decían que necesitaban una mejor definición sobre el alcance de la ley pero ahora se pone en duda la relevancia hídrica de las áreas protegidas. La facultad para definir qué glaciar tiene agua pasará a los gobernadores.

Será una definición política y no científica. Serán las empresas mineras las que definan”, agregó Marchegiani. El artículo 124 de la Constitución nacional, que establece el dominio originario de los recursos naturales en las provincias (quizás este sea el principal problema que amerite en un futuro una revisión constitucional) y el artículo 41 sobre el cuidado del ambiente y los presupuestos mínimos van de la mano. La norma vigente fue producto de un amplio consenso político y social, tras años de debate y litigios judiciales impulsados por empresas como Barrick Gold, que cuestionaron su constitucionalidad sin éxito ante la Corte Suprema.

Especialistas advierten que transferir la definición a los gobernadores abre la puerta a decisiones políticas condicionadas por el lobby empresarial. En juego no sólo está la preservación de reservas estratégicas de agua dulce, sino el equilibrio de actividades productivas como la agricultura, la vitivinicultura y la ganadería en distintas regiones del país. Para el movimiento sindical, el debate no es meramente ambiental: se trata de soberanía, modelo productivo y destino de los recursos naturales.