El ajuste brutal del gobierno de Javier Milei volvió a descargar su motosierra sobre uno de los organismos más estratégicos del Estado nacional. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta un plan de destrucción deliberada que combina despidos masivos, achicamiento estructural y la venta de tierras públicas para beneficiar intereses privados. La Asociación del Personal del INTA (APINTA) confirmó la continuidad del recorte tras una reunión con el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y otras autoridades nacionales. Allí, los representantes gremiales fueron notificados de que el ajuste no se detiene y que el Gobierno avanzará con 1.300 nuevos despidos durante 2026. “Nos dijeron sin eufemismos que el plan sigue intacto. No hay marcha atrás: quieren achicar el INTA hasta hacerlo inviable”, advirtieron desde APINTA tras el encuentro. Como parte de la ofensiva, las autoridades anticiparon que a partir de marzo se lanzará un nuevo plan de retiros voluntarios, una metodología ya conocida por los trabajadores estatales: primero el retiro “voluntario”, luego el despido compulsivo. Pero el ataque no se limita a los puestos de trabajo. Desde el gremio denunciaron que el Ejecutivo planea rematar cerca del 50% de las tierras del INTA, en lo que calificaron como un negocio inmobiliario escandaloso, que involucraría a un empresario amigo del presidente Milei. “No es eficiencia ni modernización: es saqueo. Despiden trabajadores, desarman equipos técnicos y venden tierras públicas para hacer negocios entre amigos”, denunciaron desde APINTA. El vaciamiento del INTA no solo implica la pérdida de miles de empleos calificados, sino también un golpe directo a la soberanía alimentaria, la investigación científica y el desarrollo productivo federal. Una vez más, la motosierra del Gobierno cae sobre el trabajo y el patrimonio público. 📌 RECUADRO | Antecedentes del ajuste al INTA Recorte presupuestario sostenido desde la asunción de Milei. Paralización de programas de investigación y extensión rural. Cierre o debilitamiento de agencias territoriales en el interior del país. Primeras tandas de retiros voluntarios y despidos encubiertos. Avance sobre tierras fiscales con destino a negocios privados.