En ese marco la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional continúa acumulando rechazos y críticas por su fuerte sesgo antiobrero. Esta vez, fue la provincia de Buenos Aires la que salió con los tapones de punta y anunció que presentará un documento oficial en el Senado para dejar en evidencia el carácter regresivo del proyecto.

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, aseguró que la iniciativa del Ejecutivo nacional apunta directamente a quitar derechos laborales y a profundizar un esquema de precarización que castiga especialmente a los sectores más vulnerables del mundo del trabajo. “La posición de la Provincia es clara: esta reforma propone sacar derechos a quienes ya los tienen y empeorar la situación de quienes todavía no accedieron a ellos”, sostuvo Correa, al tiempo que confirmó que el documento será tratado a partir del 10 de febrero en la Cámara alta.

El texto, elaborado por especialistas y abogados laboralistas del Ministerio de Trabajo bonaerense, realiza un análisis exhaustivo del proyecto oficialista y desmonta el relato de la “modernización”. “No hay nada moderno en extender jornadas laborales a 13 horas diarias”, afirmó el ministro, marcando uno de los puntos más polémicos de la propuesta. Frente a un Gobierno nacional que reduce el rol del Estado y recorta políticas públicas, Correa destacó alternativas concretas impulsadas desde Buenos Aires.

Entre ellas, un proyecto para crear una instancia de conciliación prejudicial obligatoria que permita evitar procesos judiciales interminables y descomprimir un sistema con casi 100 mil juicios laborales en trámite. También hizo foco en la situación de los trabajadores de plataformas digitales, hoy desprotegidos, y recordó que la Provincia trabaja en iniciativas basadas en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para garantizar derechos mínimos a un sector atravesado por la informalidad. Por último, cuestionó con dureza que la reforma nacional apenas mencione la capacitación laboral, mientras que la Provincia formó a más de 100 mil trabajadores durante el último año. “La diferencia es clara: mientras el Gobierno nacional ajusta y precariza, Buenos Aires apuesta a un Estado que protege y capacita”, concluyó.