En ese contexto el conflicto que atraviesan las y los trabajadores de Lustramax confirma una metodología cada vez más explícita del gobierno de Javier Milei: utilizar el aparato del Estado para disciplinar al movimiento obrero y blindar a las patronales más agresivas. Como ya ocurrió en Lácteos Vidal y en Fademi, la receta se repite: conflicto laboral, intervención judicial exprés y criminalización de la protesta.

En el centro de este entramado aparece nuevamente la figura de Florencia Arietto, abogada de empresas y principal referente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), una estructura creada para judicializar conflictos gremiales y convertir el derecho a huelga en un delito penal. Lejos de actuar de manera independiente, Arietto exhibe conexiones políticas directas con el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, desde donde se impulsa una línea dura contra cualquier expresión de organización sindical.

El MEAB funciona, en los hechos, como un lobby empresarial con respaldo estatal, que presiona jueces, fiscales y fuerzas de seguridad para intervenir en favor de las patronales. El financiamiento del movimiento, sus vínculos políticos y su acceso privilegiado a funcionarios nacionales despiertan serios interrogantes. ¿Quién sostiene esta estructura? ¿Qué empresarios están detrás? ¿Por qué el Estado interviene siempre del mismo lado? Para el mundo sindical, el mensaje es claro: el Gobierno no busca resolver conflictos laborales, sino aplastar la resistencia obrera y sentar un precedente peligroso. Lustramax no es una excepción: es un nuevo capítulo de una ofensiva sistemática contra los derechos conquistados por los trabajadores.