Empujar a una jubilada no es un error operativo. Es una definición política. La represión sufrida por una adulta mayor en una manifestación frente al Congreso expuso, sin eufemismos, el verdadero rostro del modelo económico que impulsa el Gobierno nacional: ajuste para el pueblo y palos para quien protesta. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) fueron categóricos al analizar el episodio. Dirigentes del Consejo Directivo señalaron que la violencia contra jubilados marca un punto de quiebre institucional, porque revela que el Ejecutivo ya no distingue entre trabajadores activos y pasivos: todos son variables de ajuste.

En ese sentido Octavio Arguello, cosecretario general de la CGT, viene advirtiendo públicamente "no puede discutirse ninguna reforma laboral en un clima de represión y criminalización de la protesta", en esa línea agrego "un gobierno que golpea jubilados es un gobierno que le declaró la guerra a la clase trabajadora". Además, desde la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky alertó que la represión a los jubilados es el prólogo de un ataque generalizado contra derechos laborales, y que el ajuste “necesita fuerzas de seguridad en la calle porque fracasó en construir consenso social”.

Por su parte, Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma, remarcó que la violencia institucional es funcional a un proyecto de precarización y entrega. La avanzada represiva ocurre en paralelo al intento del Gobierno de reactivar una reforma laboral que flexibiliza condiciones de trabajo, debilita los convenios colectivos y busca disciplinar al movimiento obrero organizado. No es casualidad. La historia lo demuestra: cada vez que se atacaron derechos laborales, primero se intentó silenciar la protesta. Gremios estratégicos como camioneros, metalúrgicos, estatales, marítimos y del transporte coincidieron en que lo ocurrido con la jubilada es una advertencia directa al conjunto de los trabajadores.

El mensaje es claro: quien reclame, será reprimido. Pero el movimiento obrero también fue claro. No hay reforma laboral posible en un país donde se reprime a jubilados. No hay modernización que se construya sobre el hambre y la violencia. Y no hay ajuste que pueda avanzar sin resistencia. Golpear a quienes trabajaron toda su vida no es gobernar: es administrar la crueldad. Frente a eso, la respuesta del sindicalismo es una sola: unidad, movilización y lucha, en defensa de los jubilados, de los trabajadores y de los derechos conquistados.