En ese contexto, sectores del ámbito marítimo sostienen que las denuncias públicas del marinero tendrían como objetivo desacreditar al secretario general del SOMU, Raúl Durdos, y a toda la conducción sindical.

Adrian Jara en el momento de Hacerse lastimar el dedo Foto captura de pantalla.

El caso de Adrián Jara sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que profundiza la controversia y abre interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de sus denuncias públicas. Luego de la difusión de un video en el que se lo observa provocándose intencionalmente una lesión en uno de sus dedos, comenzaron a circular versiones que apuntan a una presunta maniobra de estafa mediante la simulación de un accidente laboral para acceder al cobro de un seguro. Según fuentes del sector marítimo, este tipo de prácticas constituye un delito grave que perjudica no solo a las aseguradoras, sino también al conjunto de los trabajadores, ya que pone bajo sospecha los sistemas de cobertura y debilita los reclamos legítimos por accidentes reales.

En paralelo, distintos actores del ámbito gremial sostienen que las denuncias realizadas por Jara —en las que aseguró haber pagado dinero para poder embarcar y afirmó que el secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Raúl Durdos, se negó a recibirlo— no serían aisladas ni espontáneas. Por el contrario, interpretan que formarían parte de una estrategia destinada a perjudicar políticamente a Durdos y a todos los integrantes de la conducción nacional del sindicato. Estas mismas fuentes señalan que las acusaciones se difundieron sin respaldo documental ni denuncias formales presentadas ante la Justicia o los organismos laborales correspondientes, lo que refuerza la hipótesis de que el objetivo principal sería generar daño mediático y deslegitimar a la dirigencia gremial.

La combinación entre el video de la lesión y las denuncias públicas encendió alarmas dentro del sector, donde se reclama una investigación exhaustiva para determinar si existió una tentativa de fraude y si las acusaciones contra el sindicato responden a hechos concretos o a una maniobra de presión y desprestigio.