En ese contexto el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se encuentra atravesando un proceso judicial vinculado a las elecciones internas realizadas a fines del último año, luego de que algunas listas participantes presentaran impugnaciones sobre aspectos administrativos y procedimentales del comicio. Las presentaciones judiciales, realizadas por sectores opositores que no lograron consolidar una mayoría en el proceso electoral, derivaron en la judicialización del cronograma electoral, situación que es habitual en sindicatos de gran volumen y alcance federal como el SOMU, que cuenta con seccionales en todo el país y miles de afiliados activos. Ante este escenario, la conducción actual del sindicato resolvió actuar con responsabilidad institucional, garantizando la continuidad administrativa y gremial mientras la Justicia laboral analiza las impugnaciones planteadas. Desde el gremio sostienen que la prioridad es evitar un vacío de poder que afecte la defensa de los derechos laborales, los convenios colectivos y la representación de los trabajadores del sector marítimo. Las listas impugnadas cuestionaron aspectos formales del proceso electoral, los cuales se encuentran bajo análisis judicial, sin que hasta el momento exista un fallo definitivo que invalide la conducción en funciones. En ese marco, la actual dirigencia remarca que todas las instancias legales fueron cumplidas y que el sindicato permanece a disposición de la Justicia para esclarecer cualquier observación. Asimismo Desde el SOMU subrayaron que en el día de hoy fueron notificados de la prórroga de mandato por el término de 45 dias. la continuidad de las autoridades la cual no responde a una voluntad de perpetuación, sino a la necesidad de sostener el funcionamiento del gremio, garantizar la paz social y preservar la representación sindical en un contexto complejo para la actividad marítima y pesquera. Mientras el proceso judicial sigue su curso, la conducción reafirma su compromiso con la unidad del sindicato, el respeto por las instituciones y la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores, a la espera de una resolución que permita normalizar definitivamente el proceso electoral.