La Confederación General del Trabajo (CGT) valoró como un triunfo institucional y democrático el fallo del juez Martín Cormick, que resolvió suspender la vigencia de la resolución 943/2023, una de las principales herramientas del Gobierno nacional para regular y restringir las manifestaciones en el espacio público. La norma, dictada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, había generado un fuerte rechazo del movimiento sindical y de organizaciones de derechos humanos, al establecer criterios de intervención policial, identificación de manifestantes y eventuales sanciones ante protestas que incluyeran cortes de calles o rutas. En ese marco, la CGT, junto a otras organizaciones, impulsó una acción de amparo al considerar que la resolución avanzaba de manera inconstitucional sobre el derecho a huelga, a la protesta y a la libertad de expresión. El juez Cormick dio lugar al planteo y ordenó la suspensión de la medida, entendiendo que existían elementos suficientes para analizar su legalidad de fondo. Desde la central obrera señalaron que el protocolo no apuntaba a garantizar la convivencia urbana, sino a disciplinar el conflicto social en un contexto de fuerte deterioro económico y creciente conflictividad laboral. “La protesta social no es un delito, es una herramienta legítima de los trabajadores”, remarcaron desde la conducción sindical. El Consejo Directivo Nacional subrayó además que el fallo judicial constituye un límite al avance del Poder Ejecutivo sobre derechos fundamentales, y advirtió que el movimiento obrero permanecerá en estado de alerta ante cualquier intento de reinstalar mecanismos de control o represión de la protesta. En su mensaje, la CGT dejó en claro que la defensa de los derechos laborales y democráticos no se limita al plano judicial, y que continuará actuando en la calle, en los tribunales y en el Congreso, reafirmando el rol histórico del sindicalismo como actor central en la defensa de las libertades públicas.