La maniobra bajo sospecha es contundente: presentación de documentación apócrifa con firmas adulteradas, acompañada por una denuncia penal presentada por afiliados que aseguran haber sido perjudicados por esas prácticas. Cansados de lo que describen como una “práctica sistemática de irregularidades”, fueron ellos mismos quienes impulsaron la acción judicial, que finalmente escaló a la Cámara. A partir de ese cuadro, los jueces Mario Silvio Fera, Diana R. Cañal y Alejandro H. Perugini intentaron suspender las elecciones previstas entre el 1 y el 5 de diciembre.

La Cámara fue contundente, aunque para algunos lo fue en el punto equivocado. La resolución se apoyó, principalmente, en la adhesión del Dr. Fera al voto de la Dra. Cañal, expresada en términos burocráticos pero decisivos: “En lo que es materia de disidencia entre mis distinguidos colegas (art. 125 LO), me adhiero a la propuesta de la Dra. Diana R. Cañal.” Con esa definición, el Tribunal dictó una sentencia la a cual parerece absurda en proceso electoral del SOMU. Los puntos centrales del fallo fueron: 1. Desestimar la nulidad planteada por la parte accionada respecto a la notificación de la medida. 2. Hacer lugar a la cautelar solicitada por los afiliados denunciantes. El fallo, rubricado por Fera, Cañal y Perugini, sostiene que la Justicia no convalidará procesos viciados por irregularidades, falsificaciones o maniobras que alteren la voluntad democrática del cuerpo de afiliados.

Sin embargo, dentro del SOMU la lectura no es unánime. Muchos se preguntan por qué, si la causa central gira alrededor del fraude de la Lista Granate 41, la Cámara no avanzó directamente sobre ese núcleo delictivo antes de detener unas elecciones que ya estaban en marcha. Mientras tanto, crece la tensión interna. Afiliados consultados aseguran que este episodio marca “un antes y un después” en la vida institucional del gremio y exigen sanciones ejemplares para quienes adulteraron la documentación. Pero al mismo tiempo, comienza a instalarse una pregunta incómoda: ¿a quién beneficia realmente la suspensión? Dentro del sindicato advierten que la medida favorece a la Lista Granate 41, alineada políticamente al gobierno de Javier Milei. Una corriente que —según dirigentes del SOMU— podría facilitar las desregulaciones que el Ejecutivo viene intentando imponer durante el año, y que fueron rechazadas de manera contundente por la conducción actual, identificada con el peronismo. No es un dato menor que entre esos rechazos figure la resistencia al Decreto 340/2025, una norma que el gremio combatió con firmeza. Mientras la investigación penal avanza, las sospechas también lo hacen: ¿La Justicia suspendió para garantizar transparencia o para acomodar el tablero político a favor de quienes buscan desembarcar con apoyo del Gobierno nacional? En el SOMU, la pregunta no deja de resonar. Y por ahora, no tiene respuesta.