En ese contexto El conflicto entre el Gobierno libertario y los profesionales de la salud sumó un capítulo judicial. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones. La presentación, radicada en el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos, acusa a los funcionarios de violar los artículos 210, 248 y 249 del Código Penal. El núcleo del reclamo se centra en la Ley de Emergencia Nacional de la Salud Pediátrica, promulgada por el Congreso pero mantenida en suspenso por decisión del Poder Ejecutivo. Según la denuncia, esa maniobra constituye un grave incumplimiento de funciones y una agresión directa al sistema democrático, al desconocer una norma aprobada por el Parlamento. Desde la APyT señalaron que el Gobierno “no solo desfinancia hospitales, sino que pone en riesgo la vida de los niños y niñas más vulnerables del país”. El Garrahan, símbolo del sistema público pediátrico, se encuentra nuevamente en el centro de la resistencia frente a un modelo que, denuncian, busca reducir el Estado hasta hacerlo desaparecer. “Mientras Milei da clases de libertad en redes, los chicos del Garrahan esperan insumos y tratamientos”, denunciaron los profesionales. El conflicto expone una vez más la contradicción entre el discurso de eficiencia estatal del Gobierno y el abandono real de las políticas sanitarias esenciales.