En ese contexto La Cámara Federal de Mar del Plata falló a favor del SOMU y ordenó cumplir la dotación mínima en el BP Marlene del Carmen resolvió hacer lugar al recurso impulsado por la seccional local del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), En ese contexto el secretario general del (SOMU), Raúl Durdos, destacó el valor del reciente fallo judicial que impidió la salida de un barco con tripulación reducida en el puerto de Mar del Plata. La Cámara Federal confirmó la plena vigencia del Convenio Colectivo 708, que fija el número mínimo de tripulantes por embarcación. En comunicación telefónica con Mundo Sindical Durdos respaldo el accionar de la seccional marplatense y destacó que el fallo “tiene un impacto nacional”: > “Esta decisión consolida el respeto a los convenios y garantiza que ningún armador pueda vulnerar los derechos laborales. Es un triunfo de todos los marítimos argentinos”. > “Este es un logro colectivo. El SOMU defendió una vez más la dignidad de los trabajadores del mar, y la Justicia acompañó con un fallo ejemplar”. Por su parte Óscar Bravo, referente de la seccional marplatense, fue tajante: > “No vamos a permitir que se pierda ni un solo puesto de trabajo. El convenio es claro y no hay margen para interpretaciones”. Bravo explicó que la empresa intentó avanzar pese a las advertencias del gremio: > “No hicieron caso. Hubo momentos de tensión, incluso intervino Prefectura con un protocolo antidisturbios. Pero nosotros no fuimos violentos, solo defendimos los derechos de los trabajadores. Y las cámaras del puerto demostraron que dijimos la verdad”. A su vez, Damián Basaill, delegado de la seccional, sostuvo que el fallo “marca un antes y un después” en la defensa de los marineros: > “Siempre apostamos al diálogo y a la vía legal. Esta sentencia demuestra que el trabajo sindical responsable tiene resultados concretos”. El gremio informó además que el fallo ya generó repercusión en otras empresas del sector. “Varias compañías que estaban pensando en salir con menos tripulantes retrocedieron tras conocer esta decisión”, confirmó Basaill. La medida, según Durdos, “asegura condiciones laborales dignas y demuestra que el Estado de Derecho también debe regir en los puertos”.