En ese sentido a resolución, que ya está en vigencia, introduce dos registros esenciales: el "Registro Centralizado de Delegados Gremiales" y el "Registro de Juicios en los que se invoque Tutela Gremial". Esto significa que cada elección de delegados, así como cualquier conflicto judicial relacionado con la protección sindical, estará bajo el escrutinio del Estado empleador, contraviniendo el principio de autonomía sindical. Por otra parte uno de los puntos más controversiales de esta normativa es la imposición de un mínimo de afiliación del 10% del personal de cada organismo para validar una elección de delegados. Si no se alcanza este umbral, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público tendrá la potestad de anular el proceso electoral. Asimismo, los candidatos no obtendrán automáticamente la tutela gremial, ya que el Estado evaluará si cumplen con los requisitos legales antes de otorgarles dicha protección. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, ha criticado esta medida, afirmando que “la tutela gremial no puede quedar supeditada al visto bueno del empleador”, lo que contradice las normativas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantizan la autonomía sindical. Godoy advierte que esta es “una avanzada contra los derechos laborales y gremiales”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la resolución ha sido calificada como “un intento de disciplinamiento”. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, ha manifestado que “el Gobierno quiere controlar la vida interna de las organizaciones sindicales” y ha prometido resistencia a esta medida a través de todos los recursos legales posibles. Cabe señalar que este desarrollo ocurre en un contexto de austeridad severa en el empleo público, con más de 15 mil despidos de trabajadores estatales en los últimos meses. La ofensiva contra los gremios se presenta como un nuevo capítulo de este proceso de ajuste. Además la resolución también plantea tensiones con los convenios internacionales 87 y 98 de la OIT, ratificados por Argentina, que aseguran la plena libertad sindical y prohíben la injerencia estatal en la vida interna de las organizaciones gremiales. Esto abre la posibilidad de reclamos a instancias internacionales sobre la legalidad de dicha normativa. La resolución completa y sus anexos están disponibles en el Boletín Oficial, y los sindicatos están evaluando una presentación conjunta para impugnarla, marcando un punto de inflexión en la lucha por la defensa de los derechos laborales en el país. El futuro de las organizaciones sindicales y de los derechos de los trabajadores dependerá de la resistencia a esta ofensiva del Estado.