En ese marco la implementación de estos despidos está a cargo del Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger. Según los datos proporcionados por la dependencia, de las bajas recientes, aproximadamente el 48,7% corresponde a monotributistas y empleados de menores ingresos, quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad laboral. El informe también detalla que el 18,3% de los despidos se relaciona con empleados bajo la Ley Marco, que permitía la incorporación de personal por tiempo determinado y que, al contar con un mejor salario, resultaban ser contratados por períodos de 90 a 180 días. Además de ser puestos de menor duración, muchos de estos empleados ocupaban cargos jerárquicos que finalizaban cuando el funcionario de alta jerarquía dejaba su puesto. Desde el Ministerio de Desregulación, se argumenta que la reducción de personal en el sector público entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 ha generado un ahorro significativo de 4.012 millones de dólares. De este total, 2.114 millones corresponderían a la reducción de contratos regidos por la Ley Marco. Estos recortes se han implementado en un contexto de creciente preocupación por el empleo registrado en el país. Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) revelan que en octubre se perdieron 25.664 puestos de trabajo, una cifra que coincide con la cantidad de empleos creados en los tres meses anteriores. Esta tendencia de disminución en el empleo registrado plantea un escenario complejo para el mercado laboral argentino, donde los despidos en la administración pública se suman a la incertidumbre económica general. La decisión del Gobierno de avanzar con estos recortes ha generado un fuerte rechazo entre los sindicatos y organizaciones de trabajadores, que advierten sobre las consecuencias sociales y económicas que trae consigo una política de despidos masivos. La defensa de los derechos laborales y el llamado a la revalorización del empleo público se han convertido en un eje central de las protestas y movilizaciones que se han intensificado en los últimos días. En este contexto, la situación laboral en el país sigue siendo motivo de preocupación, con un panorama incierto para miles de trabajadores que ven amenazados sus puestos de trabajo y sus medios de subsistencia. La lucha por la defensa del empleo y la estabilidad laboral se reafirma como un desafío crucial para los próximos meses.