En ese marco el juez manifestó que la actividad de Uber es considerada insegura debido a la irregularidad con la que presta sus servicios en CABA. Esta irregularidad impide cumplir con los estándares de seguridad y control requeridos para el transporte de pasajeros en la ciudad. En cuanto a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, el magistrado eximió de culpa a dicha entidad, considerando que se tomaron medidas razonables para poner fin a las operaciones de Uber en la jurisdicción, incluyendo controles de tránsito vehicular y acciones para clausurar los locales de Uber. Cabe señalar La sentencia fue emitida en el contexto de un proceso colectivo que involucra demandas relacionadas pero opuestas. En este marco, el magistrado identificó dos grupos de actores que compartían al Gobierno de la Ciudad como demandado común. En tanto Miguel Soto, secretario adjunto del Sindicato de Peones de Taxis de CABA, exige que los legisladores pongan orden respecto a la sentencia. Y agregó «Las plataformas buscan avanzar sobre todo el país. Estimamos que son miles los trabajadores precarizados. Ahora son los legisladores los responsables de ordenar la actividad. Estamos hablando de cientos de millones de pesos evadidos, impuestos a la AFIP que ya los multó varias veces y fuga de capitales. Todos sabemos el fuerte lobby que Uber ejerce para que sigan siendo ilegales, pero eso se va a terminar». Soto añadió que Uber «está siendo acorralada en varios países para que cumple de una vez la ley». La Fepetax dijo que los taxistas invierten más de 4.000 millones de dólares en su capital rodante, lo que significa el sustento de 300.000 familias de trabajadores, y explicó que las plataformas «no invierten, evaden y el 25% de lo producido lo lavan en el exterior». El fallo judicial y el gremio de taxistas fue respaldado de forma inmediata por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) de Sergio Sasia y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), a las que está afiliado.