En el marco del Día de la Soberanía Nacional, al cumplirse un nuevo aniversario de la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, las 62 Organizaciones Peronistas de Tigre participaron de un encuentro político y sindical que reunió a dirigentes gremiales, referentes del peronismo y representantes de distintos sectores del campo nacional y popular.

La presencia de Gustavo Mendoza, secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas de Tigre, tuvo un lugar destacado en una jornada que buscó recuperar las banderas históricas del movimiento obrero y trasladar el significado de la soberanía nacional a la realidad económica, social y laboral que atraviesa la Argentina.
Del encuentro participaron Marcelo Pariente, secretario general de las 62 Organizaciones, y Karina Moyano, secretaria adjunta, junto a la diputada nacional Vanesa Siley y el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, además de compañeras y compañeros de distintas organizaciones sindicales.

La actividad no se limitó a una conmemoración histórica. También fue escenario de una fuerte definición política frente al modelo económico que impulsa el presidente Javier Milei, con críticas al ajuste, la desregulación, el debilitamiento del Estado y las consecuencias que estas políticas tienen sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.
Un documento que cuestiona el modelo económico del Gobierno
Uno de los aspectos centrales del encuentro fue la presentación de un documento que desarrolla una mirada integral sobre la soberanía nacional y cuestiona las consecuencias de las políticas implementadas por la administración libertaria.

El texto sostiene que la discusión sobre el Estado no puede reducirse exclusivamente al gasto público. La eliminación de organismos, el vaciamiento de áreas estratégicas y la reducción de políticas públicas representan, según el planteo, un debilitamiento de las capacidades nacionales para promover el desarrollo, proteger los recursos y garantizar derechos.

En esa línea, reivindica la necesidad de un Estado eficiente, transparente y comprometido con el interés nacional, que funcione como herramienta de igualdad de oportunidades, crecimiento económico y protección social.
El documento también pone especial énfasis en la situación de los jubilados y pensionados. Cuestiona el congelamiento del bono previsional de 70.000 pesos desde marzo de 2024 y advierte sobre la pérdida del poder adquisitivo de quienes dedicaron toda su vida al trabajo. La posición expresada es contundente: los jubilados no pueden convertirse en la variable de ajuste de ningún programa económico.

Otro de los capítulos está dedicado a la educación pública, las universidades nacionales y el sistema científico. El texto advierte que el deterioro presupuestario, la pérdida salarial de docentes y no docentes y la reducción de la inversión en ciencia y tecnología comprometen las posibilidades de desarrollo industrial y autonomía tecnológica del país.
Para los firmantes, no existe soberanía tecnológica sin científicos argentinos, ni desarrollo industrial sin conocimiento, investigación y formación profesional.
Discapacidad, salud y derechos sociales bajo la lupa
El documento también expresa preocupación por la situación de las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores y las instituciones que garantizan su atención.
Los atrasos en los aranceles, las dificultades de financiamiento y los obstáculos para sostener tratamientos y prestaciones son señalados como parte de una problemática que afecta directamente a los sectores que necesitan mayor protección.
La misma preocupación se extiende al sistema público de salud, los hospitales y las instituciones que atienden a jubilados y personas en situación de vulnerabilidad.
La definición política que atraviesa este apartado es clara: la salud, la educación, la discapacidad y la seguridad social no son privilegios ni concesiones del poder político, sino derechos que el Estado debe garantizar.
Los recursos naturales y la independencia económica
Uno de los planteos más importantes del documento está relacionado con el destino de las riquezas estratégicas de la Argentina.
El texto menciona los recursos energéticos, minerales, hidrocarburíferos, agropecuarios e hídricos y cuestiona que las políticas de privatización, desregulación y los beneficios otorgados a grandes inversiones mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) puedan debilitar la capacidad del Estado para orientar esos recursos hacia un proyecto de desarrollo nacional.
La posición no plantea un rechazo a la inversión privada ni a la llegada de capitales extranjeros. Por el contrario, sostiene que esas inversiones deben contribuir al fortalecimiento de la industria argentina, generar empleo registrado, incorporar tecnología y beneficiar a las economías regionales.
El mensaje es que las riquezas nacionales deben estar al servicio del crecimiento del país y del bienestar de su población, y no convertirse en una oportunidad de negocios desvinculada de las necesidades del desarrollo argentino.
La soberanía también se defiende desde los sindicatos
El posicionamiento expresado durante la jornada recupera una definición histórica del peronismo: la defensa de la soberanía nacional está directamente relacionada con la defensa de los puestos de trabajo, la producción y la industria.
En ese sentido, las organizaciones sindicales reivindican su papel como primera línea de defensa frente a las políticas que consideran perjudiciales para los trabajadores y para las capacidades productivas nacionales.
La discusión también alcanza a sectores estratégicos como la Marina Mercante, el cabotaje nacional, la industria naval y los recursos naturales, donde las decisiones sobre desregulación y apertura económica generan preocupación en distintos gremios.
Para el movimiento obrero, no alcanza con defender los derechos laborales dentro de cada actividad si al mismo tiempo se pierde capacidad industrial, se debilitan las empresas nacionales y se entrega el control de sectores fundamentales de la economía.
Vuelta de Obligado: una bandera que sigue vigente
La Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845, constituye uno de los episodios más significativos de la historia argentina en defensa de la soberanía. Frente a la intervención anglo-francesa, las fuerzas nacionales resistieron el avance de las potencias extranjeras sobre el río Paraná.
A más de 180 años de aquel acontecimiento, su significado continúa presente en las discusiones sobre independencia económica, recursos estratégicos y capacidad de decisión nacional.
En ese marco, durante la jornada también se recuperaron las palabras de Saúl Ubaldini, histórico dirigente del movimiento obrero argentino: «La Patria vive, la Patria vencerá».
La referencia no fue casual. Ubaldini representa una tradición sindical que entendió que la lucha por los derechos de los trabajadores también debía incluir la defensa de la industria nacional, la justicia social y los intereses de la Argentina.
La participación de Gustavo Mendoza y de las 62 Organizaciones Peronistas de Tigre se inscribe en esa tradición política y sindical. La presencia de dirigentes gremiales, legisladores y funcionarios bonaerenses mostró la voluntad de articular distintos sectores del peronismo alrededor de una agenda común.
En un escenario de fuertes disputas por el modelo económico y el futuro productivo del país, el mensaje que dejó el encuentro fue una definición política sin medias tintas: la soberanía no se declama solamente en los actos patrios, se defiende todos los días con trabajo argentino, industria nacional, derechos sociales y control de los recursos estratégicos.
Porque un país que renuncia a producir, debilita sus instituciones y abandona a sus trabajadores también pone en riesgo su independencia.