En ese contexto el conflicto universitario volvió a ocupar el centro de la escena nacional luego de que el Gobierno decidiera apelar el fallo judicial que declaró inconstitucional el decreto que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, había ordenado al Poder Ejecutivo cumplir con la ley sancionada por el Congreso y adoptar las medidas necesarias para su aplicación. El fallo alcanzó aspectos vinculados con salarios docentes y no docentes, funcionamiento universitario y becas estudiantiles. El Gobierno decidió recurrir la decisión judicial y abrió así una nueva instancia de una disputa que dejó de ser exclusivamente presupuestaria. Ahora están involucrados el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Congreso, las universidades y las organizaciones gremiales. En el ámbito universitario sostienen que la apelación implica una nueva demora para la aplicación de una norma que fue aprobada por el Congreso. Desde los sectores gremiales, además, reclaman que se cumplan los compromisos salariales y presupuestarios acordados durante este año. El conflicto tendrá un nuevo capítulo el 15 de octubre, cuando rectores, docentes, no docentes y estudiantes se movilicen hacia el Congreso. La jornada se produce, además, en un contexto parlamentario particularmente sensible, porque ese mismo día la Cámara de Diputados tiene prevista una sesión especial impulsada por sectores de la oposición. La disputa por la universidad pública vuelve así a cruzarse con la discusión más amplia sobre el modelo de Estado, el presupuesto y las prioridades de gasto. Para los trabajadores universitarios, el reclamo tiene una dimensión concreta: salarios, estabilidad laboral, funcionamiento de las instituciones y continuidad de las políticas de becas. La movilización del 15 puede convertirse, por lo tanto, en uno de los principales puntos de concentración sindical y estudiantil de octubre.