El reclamo apunta al costo argentino, la presión tributaria, la falta de crédito y las dificultades logísticas. La industria bonaerense atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. El deterioro de la actividad ya no se expresa solamente en indicadores económicos: se traduce en fábricas que dejan de funcionar, empresas que reducen sus planteles y trabajadores que pierden sus fuentes de ingreso. La advertencia fue planteada por Eugenia Ctibor, secretaria de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), quien puso sobre la mesa la dimensión del problema en una entrevista televisiva. La provincia concentra una parte decisiva del entramado productivo nacional y, justamente por eso, el impacto de la crisis adquiere una dimensión mayor. Según los datos citados por la dirigente, casi 42 mil empleos industriales se perdieron en territorio bonaerense, mientras que unas 1.306 empresas dejaron de operar. Pero detrás de esas cifras existe una dinámica que preocupa especialmente al mundo del trabajo: las industrias que permanecen abiertas también están reduciendo sus estructuras. El tamaño promedio de las plantas industriales bonaerenses pasó de 24 a 23 trabajadores, una reducción que puede parecer pequeña en términos estadísticos pero que, multiplicada por miles de establecimientos, representa una fuerte pérdida de puestos laborales. El golpe más duro sobre las pymes La particularidad del entramado industrial bonaerense es que está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de origen familiar. De acuerdo con Ctibor, alrededor del 80% de las industrias son pymes familiares, compañías en las que el vínculo con los trabajadores suele exceder la lógica estrictamente empresarial. Por eso, el cierre de una fábrica no aparece como una decisión tomada simplemente ante una caída de rentabilidad. Para muchas familias industriales significa abandonar un proyecto construido durante décadas y, al mismo tiempo, dejar sin empleo a trabajadores que forman parte de esa comunidad productiva. En ese escenario, el achicamiento de las empresas aparece como una estrategia de supervivencia. Menos personal, menor producción y reducción de costos se convierten en mecanismos para intentar sostener abiertas las persianas. El problema es que cuando esta situación se prolonga, el ajuste empresarial termina transformándose en un problema social y laboral de mayor escala. Una industria a dos velocidades La crisis tampoco golpea de la misma manera a todas las ramas de la producción. Los sectores vinculados con la minería, el petróleo y determinadas actividades energéticas presentan una mayor demanda, mientras que ramas como textil, calzado, papel y construcción aparecen entre las más castigadas. Esta diferencia muestra una industria que funciona a distintas velocidades: mientras algunos sectores encuentran oportunidades vinculadas a determinadas inversiones, otros enfrentan caída de ventas, plantas paralizadas y dificultades para sostener los niveles de empleo. El sector ladrillero es un ejemplo particularmente preocupante. Ctibor señaló que en la provincia existen siete fábricas que atraviesan una situación de paralización, mientras que a nivel nacional serían 17 establecimientos. La consecuencia no se limita a quienes trabajan directamente en esas plantas. Cuando una fábrica deja de producir, también se resiente toda la cadena que depende de ella: proveedores, transportistas, distribuidores, comercios y trabajadores indirectos. Una fábrica parada no es solamente una máquina que deja de producir: es una cadena de empleo que comienza a romperse. El costo argentino, en el centro del reclamo Desde la industria sostienen que uno de los principales obstáculos para recuperar competitividad es el denominado "costo argentino". Ctibor cuestionó especialmente la presión tributaria y puso el foco en el impuesto a los Ingresos Brutos, considerado por el sector como uno de los tributos que mayor distorsión genera sobre la actividad productiva. La propuesta industrial apunta a revisar las alícuotas y actualizar los mínimos no imponibles para las pequeñas empresas, con el argumento de que un alivio sobre esos costos permitiría liberar recursos para invertir y contratar trabajadores. La discusión, en definitiva, enfrenta dos necesidades: la recaudación del Estado y la supervivencia de quienes producen y generan empleo. Desde la UIPBA sostienen que reducir determinadas cargas sobre las pequeñas industrias no necesariamente significaría resignar recursos, sino apostar a que una mayor actividad termine ampliando la base productiva y laboral. Sin crédito no hay reconversión Otro de los problemas señalados es la falta de financiamiento. La industria enfrenta un desafío adicional: adaptarse tecnológicamente a un mundo productivo cada vez más automatizado. Pero la reconversión requiere inversiones importantes y, según la representante industrial, los resultados no son inmediatos. Un proceso de transformación tecnológica puede demandar varios años entre el diseño del proyecto, la adquisición de maquinaria, la adaptación de los procesos y la capacitación del personal. Por eso, desde el sector reclaman crédito, infraestructura y acompañamiento para atravesar la transición. La discusión tecnológica, además, no debería reducirse al temor por la eventual sustitución de trabajadores. Ctibor planteó que la incorporación de tecnología puede generar nuevas oportunidades laborales si existe una política de capacitación y reconversión que permita preparar a los trabajadores para las nuevas demandas. El desafío es que la transformación productiva no termine convirtiéndose en una excusa para destruir empleo, sino en una herramienta para generar puestos de mayor calificación y productividad. Infraestructura: otra deuda pendiente La falta de infraestructura también aparece como una limitación para el desarrollo industrial. Desde la provincia de Buenos Aires se plantea la necesidad de mejorar rutas, ferrocarriles y sistemas logísticos para conectar la producción bonaerense con otros polos productivos del país. El problema se vuelve evidente cuando una empresa necesita enviar su producción hacia regiones como Vaca Muerta y encuentra costos logísticos elevados o infraestructura insuficiente. Para las pymes, que tienen menor espalda financiera que las grandes compañías, esos costos pueden marcar la diferencia entre vender, perder competitividad o directamente detener la producción. Una advertencia que trasciende a los empresarios La discusión planteada por la UIPBA no debería quedar limitada al ámbito empresarial. Cada fábrica que cierra representa trabajadores que pierden ingresos, familias que reducen su consumo y localidades que ven deteriorarse su actividad económica. La industria tiene además un peso central en la generación de empleo formal y en la construcción de cadenas de valor. Por eso, la pérdida de establecimientos industriales plantea un interrogante que excede a las empresas: ¿qué modelo productivo tendrá la Argentina si las pequeñas industrias dejan de ser viables? La respuesta no parece sencilla. Mientras las empresas reclaman alivio tributario, crédito e infraestructura, los trabajadores enfrentan las consecuencias concretas de la reducción de turnos, suspensiones, despidos y cierres. En ese punto, la crisis industrial vuelve a colocar en el centro una discusión que atraviesa a todo el país: sin producción no hay empleo sostenible y sin empleo no existe una recuperación económica que llegue realmente a las familias. A pesar del escenario adverso, Ctibor aseguró que continuará defendiendo la industria nacional y reclamando medidas que permitan revertir la tendencia. La señal de alarma ya está planteada. Ahora la discusión será si la Argentina consigue transformar esos reclamos en políticas capaces de sostener abiertas las fábricas, recuperar producción y, fundamentalmente, evitar que el ajuste termine descargándose nuevamente sobre los trabajadores.