Los beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán en septiembre de 2026 un nuevo aumento del 2,1%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante julio. La actualización forma parte del mecanismo de movilidad previsional vigente, que establece que los haberes de jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas se actualicen mensualmente de acuerdo con la inflación medida por el INDEC. De esta manera, el incremento de septiembre alcanzará también a las jubilaciones y pensiones del sistema previsional, además de las prestaciones que paga ANSES. ¿Cuánto cobrará la PUAM? La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima. Por ese motivo, para conocer el monto exacto correspondiente a septiembre es necesario tomar como referencia el haber mínimo vigente en agosto y aplicar la actualización del 2,1%. El aumento será automático y no requiere que los beneficiarios realicen ningún trámite ante ANSES. La actualización, sin embargo, vuelve a abrir una discusión que atraviesa al sistema previsional: que un aumento vinculado directamente a la inflación no necesariamente significa una recuperación del poder adquisitivo. El problema aparece cuando los precios de los bienes y servicios que consumen principalmente los adultos mayores aumentan por encima del promedio general. El impacto en los bolsillos de los adultos mayores Para quienes cobran la PUAM, cada actualización mensual resulta determinante. Se trata de personas que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y que dependen de esta prestación para afrontar gastos esenciales. Alimentos, medicamentos, alquileres, servicios públicos y transporte representan una parte importante del presupuesto de los adultos mayores. Por eso, un incremento del 2,1% puede quedar rápidamente absorbido por los aumentos de productos y servicios indispensables. La discusión previsional no pasa únicamente por cuánto aumenta nominalmente una prestación, sino por cuánto puede comprar realmente ese ingreso una vez descontada la inflación. Una movilidad que sigue la inflación El esquema actual de movilidad busca que los haberes se actualicen mensualmente de acuerdo con el IPC. La lógica es evitar que los jubilados tengan que esperar varios meses para recibir una recomposición. Pero desde las organizaciones de jubilados y sectores sindicales cuestionan que este mecanismo solamente permite acompañar la inflación pasada y no necesariamente recuperar las pérdidas acumuladas. El resultado puede ser una situación de permanente carrera entre precios y haberes: los ingresos aumentan, pero el costo de vida también lo hace. La PUAM frente a una realidad cada vez más difícil La situación adquiere mayor relevancia porque la PUAM no funciona como una jubilación contributiva tradicional. Su objetivo es garantizar un ingreso a los adultos mayores de 65 años que no reúnen los requisitos para jubilarse, pero el monto de la prestación queda directamente relacionado con el haber mínimo. Por eso, cualquier deterioro de la jubilación mínima también repercute sobre quienes reciben la PUAM. Desde el movimiento sindical y las organizaciones de jubilados se viene reclamando que las actualizaciones no se limiten a acompañar el IPC, sino que contemplen también la recuperación del poder adquisitivo perdido. Un aumento que llega con reclamos pendientes El 2,1% de septiembre será, en términos nominales, una nueva mejora en los haberes. Pero para millones de adultos mayores la discusión será otra: si ese incremento alcanza para llegar a fin de mes. La actualización automática evita que los haberes queden congelados frente a la inflación, pero no resuelve por sí misma el problema de fondo. Mientras los precios de los alimentos, medicamentos, servicios y otros gastos esenciales continúen presionando sobre los ingresos, los jubilados y beneficiarios de la PUAM seguirán reclamando una recomposición que permita recuperar el nivel de vida perdido. Para el movimiento sindical, el debate previsional vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central: la jubilación y las prestaciones para adultos mayores no pueden ser consideradas simplemente una variable de ajuste fiscal, sino un derecho social que debe garantizar una vida digna.