En ese contexto la política de ajuste sobre la obra pública quedo nuevamente cuestionada. Integrantes de la agrupación Reset Republicano presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y otros funcionarios nacionales por la posible comisión del delito de estragos, previsto en el artículo 189 del Código Penal, a raíz de la presunta subejecución de fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales. Cabe señalar que la presentación fue realizada por los abogados José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, y también alcanza al secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; al subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; y al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy. Además, fueron incluidos en la denuncia el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; integrantes del Directorio de la entidad y el síndico Marcelo Bastante. Asimismo según el escrito judicial, el Estado habría dejado de ejecutar recursos correspondientes al Sistema Vial Integrado (SisVial), situación que habría contribuido al deterioro de la infraestructura vial, al incremento de accidentes y a un mayor número de víctimas fatales en las rutas nacionales. Cabe señalar que Desde el sindicalismo, el planteo cobra especial relevancia porque el deterioro de los caminos impacta directamente sobre camioneros, trabajadores del transporte, empleados de la construcción, operarios industriales y miles de trabajadores que dependen diariamente de la red vial para desarrollar sus tareas. Por otra parte la denuncia también cuestiona que continúe cobrando la Tasa sobre el Gasoil mientras los fondos no serían aplicados a los fines específicos para los que fueron creados, vinculados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura vial. En ese contexto Reset Republicano pidió una intervención urgente de la Justicia y sostuvo que el abandono de las rutas constituye un riesgo concreto para la población. Además, advirtió que se habría interrumpido la producción y publicación de información oficial sobre el estado de los caminos, lo que —según la organización— impediría conocer con precisión el alcance del deterioro de la red vial nacional. Para el movimiento obrero, el estado de las rutas no es un dato menor: significa condiciones de trabajo, seguridad para quienes transportan personas y mercaderías y protección para miles de familias que utilizan diariamente la infraestructura vial argentina.