En ese contexto los abogados de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner decidió internacionalizar la disputa judicial y presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de obtener un pronunciamiento que cuestione el proceso que culminó con su condena en la Argentina. El eje de la estrategia es intentar demostrar que durante el trámite judicial se vulneraron derechos fundamentales, entre ellos las garantías de un juicio imparcial y el ejercicio de los derechos políticos. Para sostener ese planteo, los abogados de la expresidenta tomaron como principal referencia el antecedente de Luiz Inácio Lula da Silva. En 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el proceso derivado de la operación Lava Jato había afectado derechos políticos y garantías judiciales del exmandatario brasileño. Ese pronunciamiento se convirtió en un respaldo internacional de fuerte impacto político y jurídico. Sin embargo, el caso brasileño también marca un límite importante: las condenas de Lula no fueron anuladas por decisión de la ONU, sino por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que declaró irregularidades vinculadas con la competencia jurisdiccional de los tribunales que habían intervenido. Ese antecedente es el que ahora intenta replicar el equipo jurídico de Cristina Kirchner, acompañado por juristas internacionales que participaron o estuvieron vinculados con aquella discusión. Los dictámenes del Comité de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante en el mismo sentido que una sentencia dictada por los tribunales argentinos. El organismo puede recomendar reparaciones, reformas legales o revisiones institucionales, pero no puede dejar sin efecto por sí mismo una condena firme emitida por la Justicia nacional. Por ese motivo, incluso si el comité emitiera un pronunciamiento favorable para la expresidenta, el impacto sería principalmente político y jurídico en el plano internacional, sin sustituir las decisiones adoptadas por los tribunales argentinos. La presentación ante Naciones Unidas abre una nueva etapa en la estrategia defensiva de Cristina Kirchner, que busca trasladar el debate desde el ámbito exclusivamente judicial argentino hacia el escenario de los organismos internacionales de derechos humanos.