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27 de julio de 2026

Milei va por todo: la agenda que beneficia al poder económico mientras trabajadores y jubilados siguen esperando respuestas

El presidente Javier Milei intentará está semana abandazar con su agenda Inocencia Fiscal, Súper RIGI, cambios en Zona Fría, reforma de la Ley de Tierras y eliminación de las PASO integran el paquete de reformas que impulsa el Gobierno. Desde el movimiento obrero advierten que el Congreso debate beneficios para grandes capitales mientras millones de argentinos sufren la pérdida del poder adquisitivo.

En ese sentido Mientras la pobreza laboral crece, los salarios continúan perdiendo frente al costo de vida y miles de pequeñas y medianas empresas atraviesan una de las etapas más complejas de los últimos años, el gobierno de Javier Milei prepara una nueva ofensiva legislativa con proyectos que prometen reconfigurar el modelo económico argentino. Para la Casa Rosada, se trata de un plan destinado a atraer inversiones, generar crecimiento y profundizar la desregulación económica. Sin embargo, para organizaciones sindicales, sectores industriales, gobernadores y referentes de la oposición, la agenda prioriza al gran capital por encima de las necesidades cotidianas de trabajadores, jubilados y sectores productivos nacionales. Los principales proyectos Ley de Inocencia Fiscal El Gobierno sostiene que busca brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y reducir la litigiosidad tributaria. Los críticos sostienen que podría facilitar la regularización de patrimonios de personas con alta capacidad económica, generando un trato desigual respecto de quienes siempre cumplieron con sus obligaciones fiscales. Súper RIGI El oficialismo pretende ampliar los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones nacionales y extranjeras. Desde el sindicalismo y diversos sectores productivos cuestionan que las pymes continúan afrontando elevadas cargas financieras mientras las grandes corporaciones recibirían incentivos extraordinarios. Zona Fría Una eventual modificación del régimen preocupa especialmente en provincias donde millones de familias reciben descuentos en las tarifas de gas. Gobernadores e intendentes advierten que cualquier reducción del beneficio impactaría directamente sobre el bolsillo de los hogares. Ley de Tierras El Gobierno analiza flexibilizar restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. La discusión vuelve a instalar el debate sobre soberanía territorial, recursos naturales y concentración de la propiedad. Eliminación de las PASO La Casa Rosada sostiene que representan un gasto innecesario. La oposición considera que reducirían mecanismos de participación democrática y fortalecerían el poder de las estructuras partidarias. Lo que no aparece en la agenda Diversos dirigentes gremiales remarcan que el Congreso aún no debate proyectos destinados a: Recuperar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Proteger el empleo industrial. Fortalecer a las pymes. Garantizar mayor financiamiento para salud y educación pública. Promover políticas activas para combatir el desempleo. Impulsar créditos productivos para pequeñas empresas. El reclamo sindical La CGT, las dos CTA y numerosas organizaciones sindicales vienen reclamando desde hace meses una agenda orientada a la producción, el empleo y la defensa del salario. Según esos sectores, las prioridades oficiales apuntan principalmente a consolidar un modelo económico basado en la apertura, la desregulación y el incentivo a grandes inversores. Una aclaración necesaria En redes sociales circulan publicaciones que afirman que el Gobierno impulsaría una "ley para cerrar editoriales y librerías de barrio". Hasta el momento no existe un proyecto presentado con ese objetivo específico. Sí existen propuestas de desregulación que generan preocupación dentro del sector cultural. Una disputa que recién comienza La discusión parlamentaria promete convertirse en uno de los principales escenarios políticos de los próximos meses. Mientras el Gobierno busca consolidar su programa económico, sindicatos, movimientos sociales y gobernadores anticipan una fuerte resistencia a iniciativas que consideran perjudiciales para el trabajo nacional.

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