POLITICA
23 de julio de 2026
Mientras les niega un aumento a los jubilados, el Gobierno gastó más de $2.100 millones en reprimir las protestas
Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), elaborado a partir de información oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, reveló que el Gobierno nacional destinó durante 2025 al menos $2.100 millones para financiar los operativos de seguridad desplegados durante las marchas de jubilados frente al Congreso. La cifra reavivó las críticas de organizaciones sindicales y de derechos humanos por las prioridades del gasto público.
En ese contexto, el relevamiento del CELS se basa en datos aportados por el propio Ministerio de Seguridad y comprende 43 operativos realizados durante 2025 en las inmediaciones del Congreso Nacional.La directora del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, Victoria Darraidou, afirmó que "en 43 operativos realizados durante 2025 hubo un gasto de más de $2.000 millones" y precisó que se trata de "más de $50 millones por cada miércoles" en que se desplegaron las fuerzas federales para contener las manifestaciones de jubilados.
La especialista agregó que en cada operativo participaron, en promedio, 915 efectivos, lo que representa cerca de un millar de agentes destinados semanalmente a custodiar las inmediaciones del Congreso.No obstante, desde el CELS advirtieron que el monto informado constituye apenas un piso del gasto real. El organismo denunció que el Ministerio de Seguridad respondió de manera parcial el pedido de acceso a la información y omitió informar cuánto se destinó a armamento, vehículos, combustible, logística, equipamiento, salarios, horas extras y otros recursos utilizados en los despliegues.
Además, el organismo vinculó esos operativos con distintos episodios de violencia institucional registrados durante las protestas, entre ellos la grave lesión sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante una manifestación.El informe también sostiene que el dinero invertido en estos operativos equivale a miles de jubilaciones mínimas, un dato que profundizó el debate sobre las prioridades del Gobierno mientras sostiene que no existen recursos para recomponer los haberes previsionales.
Las críticas fueron compartidas por la CGT y las dos CTA, que durante la última movilización en respaldo de los jubilados cuestionaron el amplio despliegue de fuerzas federales y reclamaron que el Estado priorice una recomposición urgente de las jubilaciones por encima de los millonarios operativos de seguridad.Desde el movimiento obrero remarcaron que la protesta social no puede ser respondida con represión y reiteraron su respaldo al reclamo de los jubilados por ingresos dignos, acceso a medicamentos y una actualización de los haberes que les permita recuperar el poder
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