En ese contexto la gestión de Luis Caputo volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) emitiera un informe en el que cuestiona la administración de un crédito internacional por US$ 200 millones destinado al financiamiento de subsidios energéticos durante 2024. El organismo de control detectó importantes deficiencias administrativas y señaló que no contó con la documentación suficiente para verificar el destino y la correcta aplicación de la totalidad de los recursos, una situación que encendió las alarmas sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos. Si bien la AGN no afirma que el dinero haya sido robado o desviado, sí dejó asentado que la ausencia de información impidió reconstruir la trazabilidad de los fondos, motivo por el cual exigió respuestas al Ministerio de Economía. La observación adquiere especial relevancia porque se trata de un préstamo internacional cuyo objetivo era sostener subsidios energéticos en un contexto de fuerte ajuste económico. Desde distintos sectores de la oposición reclamaron que el Gobierno informe públicamente dónde fueron aplicados esos recursos y por qué la documentación presentada resultó insuficiente para satisfacer los requerimientos del organismo de control. El informe vuelve a poner bajo la lupa la administración de Luis Caputo y reabre el debate sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas en el manejo de fondos millonarios del Estado.