La disputa por las reelecciones indefinidas volvió a instalarse con fuerza en la provincia de Buenos Aires. A poco más de un año de las elecciones de 2027, unos 80 de los 135 intendentes bonaerenses quedarían impedidos de competir por un nuevo mandato si no se modifica la legislación vigente. La norma en cuestión fue sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal y estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. En 2021, la Legislatura introdujo una modificación que fijó como primer mandato computable el iniciado en 2019, permitiendo que muchos jefes comunales fueran nuevamente candidatos en 2023, pero dejando planteado el actual escenario para 2027. El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se pronunciaron a favor de revisar esa limitación al considerar que restringe el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes. Sin embargo, el proyecto enfrenta importantes obstáculos. La falta de consenso dentro de Unión por la Patria, producto de las diferencias entre el sector alineado con Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador —que impulsó originalmente la ley—, dificulta cualquier posibilidad de avanzar en la Legislatura. A ese escenario se suma la negativa expresada por sectores del PRO y La Libertad Avanza, mientras que dentro del radicalismo existen posiciones divididas sobre una eventual modificación. Una discusión que atraviesa a todos los espacios De los 80 intendentes alcanzados por la prohibición, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 a la UCR, siete al PRO, cinco representan a fuerzas vecinales y uno integra actualmente La Libertad Avanza. Aunque públicamente existen diferencias, distintos jefes comunales reconocen que la mayoría pretende mantener abierta la posibilidad de competir nuevamente. En paralelo, algunos municipios ya analizan una alternativa judicial para intentar declarar inconstitucional el límite de mandatos si la reforma legislativa no prospera antes del cierre del calendario electoral. La discusión promete convertirse en uno de los ejes políticos de la provincia durante los próximos meses, en medio de una negociación que combina intereses partidarios, internas y el futuro político de decenas de dirigentes con fuerte peso territorial.