Las disputas internas dentro del peronismo bonaerense continúan generando consecuencias políticas e institucionales en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el conflicto impacta de lleno en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de avanzar en la cobertura de cargos judiciales, cuya actividad quedó prácticamente paralizada por la falta de acuerdos entre los distintos sectores del oficialismo. El gobernador Axel Kicillof comenzó a mover fichas para completar las vacantes existentes dentro del organismo y uno de los nombres que impulsa es el del Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, funcionario cercano al mandatario provincial y parte del esquema judicial que lleva adelante las demandas de la Provincia contra el Gobierno nacional. Sin embargo, las diferencias políticas con el sector que responde a Máximo Kirchner continúan trabando definiciones tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo provincial. La falta de consensos ya provocó la suspensión de una sesión del Consejo de la Magistratura y mantiene sin resolución nueve vacantes entre cargos titulares y suplentes. La situación preocupa dentro del ámbito judicial, donde advierten que el retraso complica el funcionamiento de distintos tribunales y la cobertura de juzgados vacíos. En paralelo, también permanecen frenadas las negociaciones para cubrir las vacantes en la Suprema Corte bonaerense, que actualmente funciona con apenas tres integrantes sobre un total de siete miembros. Dentro del oficialismo reconocen que las tensiones internas condicionan cualquier acuerdo político necesario para avanzar con los nombramientos, mientras la oposición reclama mayor celeridad para evitar un mayor deterioro institucional. Además de Pérez Teruel, el kicillofismo impulsa al diputado provincial Mariano Cascallares para ocupar uno de los lugares destinados al Poder Legislativo, aunque esa posibilidad también quedó envuelta en la disputa interna del peronismo. La situación expone las dificultades del oficialismo bonaerense para ordenar su esquema político interno en un contexto donde la Justicia provincial acumula vacantes y demoras en la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales.