En ese marco la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una instancia determinante. La fiscalía federal que conduce Gerardo Pollicita aguarda la presentación de la declaración jurada patrimonial del funcionario para contrastarla con la información económica reunida durante los últimos meses. Según trascendió en ámbitos judiciales, el foco de las últimas semanas estuvo puesto en la tarea encomendada a la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que analiza ingresos, egresos, consumos y movimientos patrimoniales atribuidos al funcionario. Los investigadores buscan determinar si existió un nivel de gastos incompatible con los ingresos declarados por Adorni durante su desempeño en la administración nacional. La expectativa está puesta en el cruce de datos que se realizará una vez incorporada la nueva declaración jurada al expediente. Fuentes judiciales señalaron que gran parte de la prueba ya fue reunida y que la pesquisa patrimonial se encuentra en su tramo final. Entre los próximos pasos figura la evaluación de operaciones inmobiliarias, pagos efectuados en dólares y movimientos financieros que forman parte de la investigación. También se prevé la incorporación de especialistas en activos digitales para analizar posibles operaciones vinculadas a criptomonedas, una herramienta que podría aportar nuevos elementos al expediente. Una defensa con mayor protagonismo Hasta ahora, la estrategia defensiva encabezada por el abogado Matías Ledesma estuvo centrada en seguir de cerca las medidas de prueba impulsadas por la fiscalía. Sin embargo, el escenario podría modificarse cuando Adorni deba justificar formalmente el origen de los fondos cuestionados. La investigación incluyó declaraciones testimoniales de escribanos, particulares, contratistas y personas vinculadas a operaciones de compra de inmuebles y préstamos privados utilizados por el funcionario. En las causas por enriquecimiento ilícito, una vez detectadas presuntas inconsistencias patrimoniales, el acusado debe aportar documentación y explicaciones que permitan acreditar el origen lícito de los recursos utilizados. Impacto político El expediente se transformó en uno de los casos judiciales más sensibles para el gobierno del presidente Javier Milei. La continuidad de Adorni en un cargo de máxima relevancia política mantuvo el caso bajo observación permanente tanto de la oposición como de distintos sectores del ámbito sindical y social. Entre las operaciones analizadas aparecen pagos vinculados a propiedades, remodelaciones de viviendas, préstamos privados y viajes al exterior realizados durante el período investigado. La definición de la etapa patrimonial podría abrir un nuevo capítulo en una causa que, por su impacto institucional y político, es seguida de cerca por distintos actores del mundo gremial y del ámbito judicial.