El gobierno de Javier Milei avanza con una reforma que amenaza con modificar de raíz el control sobre las tierras argentinas y encendió alarmas en sectores políticos, sociales y sindicales que denuncian un nuevo capítulo de entrega nacional. Bajo el argumento de “atraer inversiones” y “modernizar” el régimen de propiedad rural, la Casa Rosada impulsa una iniciativa que elimina restricciones históricas a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros y habilita, además, la posibilidad de que otros Estados adquieran territorio argentino.
La propuesta ya consiguió respaldo en el Senado gracias al acompañamiento de bloques aliados y gobernadores cercanos al oficialismo. Pero lejos de tratarse de una simple modificación administrativa, especialistas advierten que el proyecto implica una transformación estructural sobre el concepto de soberanía territorial y el manejo de recursos estratégicos.

La reforma apunta directamente contra la Ley 26.737, aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que establecía límites concretos a la extranjerización de tierras rurales para proteger zonas sensibles vinculadas al agua, los glaciares, los recursos energéticos y las áreas de frontera.
Con la nueva normativa desaparecerían los topes que impedían la concentración masiva de tierras en manos extranjeras. El proyecto elimina el límite general del 15 por ciento de propiedad extranjera, borra las restricciones por nacionalidad y también suprime el máximo de hectáreas permitidas para un mismo propietario.
Sin embargo, el aspecto que más preocupación genera es otro: la incorporación de un mecanismo que permitiría que Estados extranjeros puedan adquirir tierras argentinas mediante convenios de “cooperación” aprobados por provincias y avalados por el Poder Ejecutivo nacional.
La medida fue interpretada por distintos sectores como un paso inédito y peligroso. Según denuncian especialistas en derecho territorial, la redacción del proyecto es tan amplia y ambigua que podría facilitar desde desarrollos tecnológicos hasta bases logísticas o instalaciones militares extranjeras en suelo argentino.
La ex titular del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez, cuestionó la falta de precisiones legales y alertó sobre la discrecionalidad que habilitaría el esquema. “No se establece con claridad cuál será el mecanismo institucional para autorizar estas excepciones. Puede quedar sujeto a acuerdos políticos sin controles reales”, sostuvo.

Desde organizaciones sociales y sectores vinculados a la defensa de los recursos naturales aseguran que la iniciativa no aparece de manera aislada, sino que forma parte de un programa integral de desregulación impulsado por el gobierno libertario.
En esa línea, señalan la eliminación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, los intentos de flexibilizar la Ley de Glaciares y la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como piezas de una misma estrategia orientada a facilitar el acceso de grandes corporaciones internacionales a tierras, minerales, agua y energía.

Mientras el oficialismo insiste en que la apertura irrestricta atraerá dólares y desarrollo económico, crecen las voces que denuncian que detrás del discurso de las inversiones se esconde una política de cesión de soberanía y pérdida de control sobre recursos estratégicos fundamentales para el futuro del país.
La discusión recién comienza, pero el debate ya instaló una pregunta incómoda: hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Milei en nombre del mercado.