En ese contexto la discusión por el futuro de la Hidrovía Paraná–Paraguay volvió al centro del debate luego de que el Gobierno nacional avanzara en la preadjudicación de la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión reabre cuestionamientos políticos y sindicales debido a que Jan De Nul ya había estado a cargo de la operatoria de la Hidrovía entre 1995 y 2021. Tras el vencimiento de aquella concesión, el gobierno de Alberto Fernández resolvió no renovarla y la administración pasó al Estado a través de la Administración General de Puertos (AGP). Ahora, bajo la gestión de Javier Milei, la empresa vuelve a posicionarse como principal adjudicataria de una de las rutas comerciales más importantes de la región. La Hidrovía Paraná–Paraguay concentra alrededor del 80% de las exportaciones argentinas y constituye un corredor estratégico para el transporte de productos agroindustriales y comerciales hacia el Atlántico. En ese contexto, distintos sectores sindicales y políticos expresaron preocupación por el impacto que podría tener la nueva concesión sobre el control estatal, la fiscalización del comercio exterior y la soberanía económica. Además, señalaron que el debate público sobre la Hidrovía suele quedar relegado frente a otros temas de fuerte exposición mediática, pese a la relevancia estructural que tiene para la economía nacional. La preadjudicación deberá atravesar aún etapas administrativas antes de su adjudicación definitiva, aunque ya generó repercusiones y críticas desde distintos espacios vinculados al transporte y la producción.