En ese contexto El expediente ya superó la primera y segunda instancia con fallos favorables al sistema universitario y ahora espera una definición del máximo tribunal, que deberá decidir si deja firme la norma aprobada por el Congreso o habilita el planteo presentado por la Casa Rosada. La ley obliga al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar automáticamente las partidas destinadas a las universidades nacionales, recomponer salarios docentes y no docentes y garantizar fondos para becas estudiantiles, infraestructura y hospitales universitarios. Tras las resoluciones favorables al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar la ejecución de la norma. Desde el oficialismo argumentan que algunos artículos podrían provocar un “grave e irreparable perjuicio” para las cuentas públicas y afectar el equilibrio fiscal impulsado por la administración libertaria. Además Con el expediente ya elevado, la Corte —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— podrá rechazar el recurso sin ingresar al análisis de fondo o avanzar hacia una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad y aplicación de la ley. En caso de desestimar la apelación oficial, quedará firme la resolución judicial que obliga al Estado nacional a transferir los fondos reclamados por las universidades públicas. La definición llega en un momento de fuerte conflictividad en el sistema universitario, luego de la Cuarta Marcha Federal Universitaria realizada este martes en distintos puntos del país. La movilización reunió a rectores, docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones sindicales que reclamaron por el deterioro presupuestario y exigieron el cumplimiento de la ley votada por el Congreso. Desde las universidades nacionales denuncian una profunda caída de las transferencias del Estado y advierten que la situación afecta el funcionamiento académico, la continuidad de programas de investigación, el sostenimiento de hospitales escuela y el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. En un duro documento difundido durante la jornada de protesta, las organizaciones convocantes reclamaron que la Corte Suprema “no permita que el Gobierno siga incumpliendo la Ley de Financiamiento”. Además, cuestionaron la política educativa de la gestión de Javier Milei y reivindicaron la defensa de la universidad pública y la democracia. La decisión del máximo tribunal podría convertirse en un punto de inflexión en el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que ya lleva meses de tensión y movilizaciones en todo el país.