En ese marco el conflicto de SanCor C.U.L., lejos de encaminarse hacia una salida ordenada, ingresó en una fase de máxima tensión. A través de un comunicado interno que Atilra hizo circular entre los trabajadores en los últimos días marca un punto de inflexión: el gremio anunció que avanzará judicial y sindicalmente contra empresas que no pertenecen a SanCor, pero que mantienen contratos de producción a fasón con la cooperativa.

La advertencia no es menor. En los hechos, el mensaje es claro y contundente: cualquier empresa que decida producir en plantas de SanCor o contratar sus servicios puede quedar atrapada en un conflicto ajeno, con riesgo de demandas, bloqueos o medidas de fuerza. Una señal de alto voltaje que golpea de lleno en un sector que ya opera al límite. En un contexto donde la industria láctea atraviesa márgenes mínimos, exceso de capacidad instalada y un mercado interno debilitado, este tipo de definiciones no solo no resuelven el problema salarial, sino que ahuyentan inversiones, paralizan acuerdos productivos y aceleran la retirada de actores privados.

Lo más grave es que todo ocurre sin una estrategia clara del Gobierno nacional, que vuelve a elegir la pasividad frente a un conflicto estructural. La ausencia del Estado como mediador deja el escenario librado a una escalada de advertencias y amenazas cruzadas, con consecuencias imprevisibles para el entramado productivo. Paradójicamente, muchas de las empresas ahora señaladas por el gremio son las que hoy sostienen parte de la actividad en plantas de SanCor y permiten preservar puestos de trabajo. Atacarlas implica cerrar una de las últimas válvulas de oxígeno que le quedan a la cooperativa, empujándola a una situación aún más crítica. Mientras el Gobierno se corre, el conflicto se expande. Y cuando la política abdica de su responsabilidad, el costo siempre lo pagan los trabajadores y la producción.